Por Rosy Sánchez/El Andaluz
El gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, Oscar Montes, señaló que, ante el incremento en los precios de los productos, es incierto la cantidad de productos y paquetes que se entregaran esta gestión a los adultos mayores y personas con discapacidad.
La autoridad señaló que las dos primeras licitaciones realizadas para la adquisición de los productos cayeron por la inestabilidad en los precios ya las cotizaciones que realizan las empresas proveedoras se hacen por 24 horas, mientras que la gobernación requiere de mayor tiempo para concretar las adjudicaciones.
“Estamos con serios problemas con la canasta, ya vamos por la tercera licitación y lo que se pueda comprar vamos a distribuir, lo que no se pueda pena, no podemos inventaros porque las cotizaciones sólo te dan por 24 horas”, señaló Oscar Montes.
El gobernador señaló que, si bien el POA contempla un presupuesto para la entrega de cuatro paquetes, la gobernación recibirá alrededor de 120 millones de bolivianos menos respecto a lo presupuestado, situación que repercutirá en los programas sociales.
“Hace tres días debería haber llegado 31 millones de bolivianos y solo han llegado 19 millones, estamos hablando que más del 30% de recursos que no llegan, no podemos ir a comprar productos con recursos que no tenemos” expresó la autoridad departamental.
Consultado sobre la cantidad de productos que se entregaran en la canasta alimentaria para este año, el gobernador dijo “no tener idea”, al señalar que todo dependerá de los costos de los productos que se vayan a adquirir en la tercera licitación.
Con este panorama es incierto la entrega de la canasta alimentaria para los adultos mayores, al igual que el paquete para las personas con discapacidad. La autoridad adelantó que todos los programas sociales serán afectados con la disminución de los recursos económicos.
El presupuesto del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija para esta gestión 2025 accidente a los 240 millones de bolivianos, 100 millones se destinan al pago de deudas, 60 millones al funcionamiento institucional y 45 millones a seguros, al Sedeges y otros programas.
