Taxista desaparece con celular y sin cobrar pasaje: víctima sospecha que le robó

Un joven de 27 años denunció ante la FELCC la presunta sustracción de su teléfono celular al interior de un taxi, en un hecho que podría encuadrar en el tipo penal de robo con agravantes, conforme al Artículo 332 del Código Penal boliviano, dada la sospechosa conducta del conductor y la desaparición del bien sin resistencia aparente.

Según la denuncia formalizada por  la víctima, y en el informe preliminar, el hecho ocurrió el 11 de abril de 2025 alrededor de las 07:10 de la mañana, cuando, tras salir de la discoteca KOLTON, abordó un taxi blanco para dirigirse a su domicilio en el barrio Aeropuerto.

El denunciante relató que al descender del motorizado y proceder a tocar el timbre de su casa, advirtió la ausencia de su teléfono celular, marca Redmi Note 14 Pro, color negro con funda negra. En ese instante, mientras notificaba a su padre sobre la pérdida, el conductor del taxi se retiró de manera apresurada y sin cobrar el pasaje, generando fundadas sospechas de haber participado o facilitado el ilícito.

Según la norma  penal, dicho comportamiento podría ser considerado un elemento indiciario de participación dolosa en un hecho típico, antijurídico y culpable, susceptible de investigación penal conforme a la tipificación contenida en el Artículo 332 del Código Penal, que sanciona el robo cometido con engaño, abuso de confianza o dentro de un vehículo de transporte público.

La denuncia fue radicada formalmente el 16 de mayo de 2025, y el caso fue realizado en la Felcc, y ahora los investigadores con la fiscalía deberán obetner imágenes de cámaras de vigilancia de la zona, identificar el motorizado implicado, y tomar declaraciones testificales que permitan establecer la identidad del o los presuntos autores.

Asimismo, el uso del transporte público como medio para facilitar la comisión del delito podría constituir una circunstancia agravante conforme a lo establecido en la última parte del mismo Artículo 332, inciso 4), que agrava la pena cuando el hecho es cometido por personas que prestan servicios públicos o valiéndose de esa condición.

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