Por Rosy Sánchez/El Andaluz
Tras una resolución emitida por el Tribunal Agroambiental que conmina a la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) el pago de 2,7 millones de bolivianos, además del 6% de multa a la Gobernación de Tarija por un proceso administrativo y ambiental, el Consejo de Administración de la cooperativa asume acciones legales.
Cristian Flores, presidente del Consejo de Administración, dijo que la sentencia otorga un plazo de tres días para su cumplimiento, caso contrario manda a registrar y embargar los bienes, además retener las cuentas bancarais, determinación que según el consejero no corresponde.
“A recomendación de nuestros abogados hemos determinado accionar a esta resolución para defender a la institución de esta multa. Primero porque ha pasado mucho tiempo, dos porque no es competencia del Tribunal Agroambiental emitir sanciones y tercero, existe un amparo que se encuentra en revisión en Sucre, por tanto, no pueden arbitrariamente demandarnos un cobro coactivo”, dijo el consejero Flores.
El presidente del consejo de administración dijo que este pasado martes se presentó un recurso de excepción para no realizar la cancelación de las multas aplicadas en contra de Cosaalt y que existen motivos válidos para interponer acciones judiciales por presuntos cobros irregulares.
“Es de conocimiento de la población que existe una intención de la gobernación de sancionar sobre incumplimientos administrativos y no así sobre irregularidades con esta sentencia emitida por el Tribunal Agroambiental emitida el pasado 5 de mayo”, expresó el presidente del Consejo de Administración.
Desde la Gobernación de Tarija, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, explican que esta multa obedece a un proceso que se le ha iniciado a la Cooperativa por incumplimiento de la presentación de informes y licencia ambiental, requisitos fundamentales para operar, que la institución omitió durante 10 años.
