Senado aprueba abrogación de la Ley de Estados de Excepción en medio de una crisis profunda por los conflictos sociales

Osmar Arroyo/El Andaluz

Durante el fin de semana, nuevamente se registraron hechos de violencia por parte de sectores movilizados en la ciudad de La Paz.

El gobierno realizó un operativo con efectivos policiales y las Fuerzas Armadas, denominado «Corredor Humanitario», con banderas blancas salieron para posibilitar el ingreso de medicamentos y alimentos a la sede de gobierno, pero fueron atacados por grupos radicales y el operativo tuvo que retroceder.

Los reportes señalan que en el país se tienen 59 puntos de bloqueos que se encuentran en los departamentos de Oruro y La Paz.

Dese la Central Obrera Boliviana (COB) se exige anular la orden de aprehensión en contra de su máximo ejecutivo y la liberación de los detenidos, además, de mantener la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las voces que piden declarar Estado de Excepción crecen y este domingo, en la sesión de la Cámara de Senadores, por el aniversario de Chuquisaca, se aprobó la abrogación de de la Ley 1341 de Estados de Excepción.

La norma regulaba los procedimientos y límites para la aplicación de medidas extraordinarias, por parte del órgano ejecutivo.

La Ley sancionada ahora pasa a la Cámara de Diputados, de aprobarse también en esa instancia, el ejecutivo nacional tendrá un mayor margen de acción y menor restricción en los procedimientos, en caso de declarar Estado de Excepción o también conocido como Estado de Sitio.

La Ley 1341 fue promulgada el 29 de octubre del 2020, en la gestión de Eva Copa, que estaba a la cabeza de la Asamblea Legislativa transitoria.

En la norma se establecen mecanismos de control y requisitos para la declaratoria de Estado de Excepción, lo que varios legisladores consideran que pone muchas limitantes al órgano ejecutivo.

La senadora por Tarija, Marcela Guerrero indicó a El Andaluz que preocupa que se trate de buscar la abrogación de la Ley en la instancia legislativa

Mencionó que la misma Constitución Política del Estado establece que debe estar regulado y la Ley 1341 regula, en dos situaciones, por temas de Desastres, por los riesgos y en situaciones, cuando se generan desorden, en conflictos dentro del país, se declare de Estado de Excepción.

«En este caso, bueno, el gobierno no ha declarado el Estado de Excepción, entendiendo de que trata de evitar de que exista, lo que ha ocurrido en el pasado, en el tema de la gestión de Jeanine Añez, donde hemos sido censurados por la CIDH, con más de 100 personas que han fallecido y que ha Sido declarado en nuestro país, como una masacre», expresó.

Ante esa situación, dijo que surge esta norma, que establece el procedimiento, que se debe aprobar a través de la Asamblea Legislativa el Estado de Excepción y determina los plazos de 60 días, el querer renovar, nuevamente se debe poner en conocimiento del ente legislativo.

Para Guerrero, es entendible como trata de regular la Ley, buscando preservar varios derechos establecidos dentro de la Constitución, entre ellos, el derecho a la vida.

La senadora dijo que, ahora, se abroga la Ley, con un artículo único en el Senado, tratando de buscar otro mecanismo para la declaratoria y que sea una competencia, netamente del órgano ejecutivo.

«Para mí, me preocupa mucho porque al abrogar está Ley estamos dejando un vacío legal, sin embargo, esta norma ha sido aprobado con los dos tercios y creo que de alguna manera, lo que se trataba, a través del anterior proyecto de Ley, es tener ciertos candados, además, que el órgano ejecutivo responda con un informe, como está llevando este Estado de Excepción para salvaguardar garantías y derechos establecidas dentro de la Constitución», apuntó.

Señaló que respeta la decisión asumida en la Cámara de Se adores, pero al mismo tiempo, advierte, que ahora existe un vacío legal, que es una medida muy extrema el declarar Estado de Excepción y siente que, si se llevaría adelante, provocaría muertes y que más bien se debería buscar el diálogo para evitar este tipo de situaciones.

Considera que, hubiera sido más responsable modificar parcialmente la Ley y no dejar un vacío legal.

Remarcó que en un Estado de Excepción se debe tener planificación y la Ley señala que las acciones del ejecutivo deben ser fiscalizados por el órgano legislativo, con su abrogación, dijo que ahora se está quitando esa atribución a la Asamblea.

«Sentimos que está situación puede agravar muchísimo más la situación», agregó, a tiempo de señalar que el gobierno debe cambiar de estrategia, para buscar la forma de llegar a los diferentes sectores y dejar a un lado las diferencias.

Gobierno insiste con el diálogo

Desde el gobierno se insiste con el diálogo como solución a los conflictos sociales, pero los sectores movilizados señalan que no asistirán al diálogo, mientras no se anule la orden de aprehensión en contra del ejecutivo de la COB y no se liberen a los detenidos.

El diputado Horacio Calizaya indicó a El Andaluz que el gobierno aún está evaluando las acciones que se realizarán.

Indicó que lamentablemente se ven sectores muy radicales y creen que esos sectores, de alguna manera están siendo financiados para movilizarse.

«Estamos siendo cautos por el momento, pero como lo dijo nuestro presidente todo tiene su límite, lamentablemente tiene que llegar al extremo, que tampoco vamos a permitir que la población siga perjudicando se más, de lo que lo está haciendo en este momento», aseveró.

Señaló que el abastecimiento de alimentos, es muy difícil en este momento en La Paz, que el gobierno está trabajando en el tema de ayuda humanitaria.

Calizaya dijo que también se evalúa una posible declaratoria del Estado de Excepción, pero que la Ley aprobada en la gestión de Eva Copa limita muchos las acciones del órgano ejecutivo.

Aclaró que se tratar de implementar mecanismos para garantizar los derechos de las personas, en caso de declarar un Estado de Excepción y desmintió versiones en Redes Sociales, que se pretendería dar carta libre a la Policía o a las Fuerzas Armadas.

Lamentó que algunos sectores que están movilizados traten de generar desinformación y reiteró que se garantizarán los derechos humanos de sectores movilizados, pero también se deben garantizar los derechos de las personas que están siendo afectadas.

Por su parte, el diputado José Luis Porcel señaló a El Andaluz que a pesar que se tengan los mecanismos legales, considera que el presidente Rodrigo Paz está demostrando debilidad desde el principio, falta de decisión, falta de carácter para tomar decisiones, ante los conflictos sociales.