Por Rosy Sánchez/El Andaluz
Las disputas políticas y la crisis institucional al interior del legislativo, pone nuevamente en el ojo público a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), que se ha visto involucrada en una serie de acusaciones y contraacusaciones tras la elección de la nueva directiva.
Estos hechos fueron cuestionados por la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija que piden el cierre definitivo de la Asamblea Legislativa que le significa un gasto económico de más de 17 millones de bolivianos al departamento y que no brinda resultados.
Celestino Barro presidente de la FEDJUVE, señaló que los asambleístas se han dedicado a realizar política y dejar de lado el trabajo de fiscalización y la aprobación de proyectos de Ley prioritarios para resolver la crisis económica que atraviesa el departamento
“El gobernador ha enviado un proyecto de Ley para que se reduzcan los sueldos, pero lamentablemente le han tirado bajo un escritorio y no dan solución y respuesta a las demandas de la población que exige autoridad y que de una vez por todas se bajen los salarios”, expresó el dirigente.
Ante este panorama y la falta de voluntad de los asambleístas, Celestino Barro señaló que como Federación de Juntas Vecinales presentarán un proyecto de Ley para que se cierre la Asamblea Legislativa y se restablezcan los Consejos Departamentales que funcionaban antes de la aprobación del Estatuto Autonómico.
“Para que tengamos tanta gente ahí que recibe semejantes sueldos jugosos que no nos benefician en nada, cuando podemos tener nuestros concejales como se tenía en gestiones anteriores con un trabajo a honor para servir y no servirse de la población”, dijo Celestino Barro.
El presidente de la FEDJUVE dijo que el proyecto de Ley está siendo trabajado por un equipo jurídico que se encargará de la parte legal y la viabilidad de la norma, sin embargo, no se descarta una posible modificación al Estatuto Autonómico Departamental.
“Sabemos que este tema no es de la noche a la mañana, pero se está viendo toda la parte legal para que se vayan los asambleístas y estos recursos que gasta la asamblea puedan ser reinvertidos en temas de salud y proyectos en favor del sector productivo para evitar la suba de la canasta familiar”, acotó el dirigente de las Juntas Vecinales.
