Osmar Arroyo/El Andaluz
El pasado martes se formalizó una denuncia en contra de la juez Lilian Moreno, por la resolución de octubre pasado en favor del expresidente Evo Morales.
El abogado Benjamín Guzmán, en un contacto telefónico con El Andaluz informó que la juez actuó en dos momentos determinados, el primero en octubre del año pasado, cuando resuelve una acción de libertad presentada por Evo Morales, y le concede la tutela, el segundo fue en días pasados, en donde resuelve un recurso de queja, dejando sin efecto una orden de aprehensión en contra del exmandatario, motivo por el que es procesada y se determina si detención preventiva.
Remarcó, que si bien, se inició con un proceso, por el segundo momento, pero no se tiene ninguna denuncia o pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre la resolución de la juez de Santa Cruz, referente a la acción de libertad.
Explicó que el haber resuelto una problemática de conflicto de competencias y de una eventual orden de aprehensión «ilegal», no corresponde que se lo haga a través de una acción tutelar, y que varias sentencias constitucionales marcan que a efectos de poder cuestionar este tipo de problemáticas se debe acudir al Control Jurisdiccional por defecto absoluto o declinación de competencia de dirimir la competencia.
Reiteró que no se lo hace a través de acciones titulares de Defensa (acción de libertad). Dijo que en el momento en el que la juez resolvió la acción de libertad, fue en contra del bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
El profesional en derecho señaló que a criterio de las personas a las que representa, de la ciudad de Oruro, la autoridad denunciada habría cometido un presunto delito de prevaricato.
Mencionó que la resolución de la acción de libertad, se encuentra en este momento en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la espera de su revisión.
Al estar la resolución en revisión en la ciudad de Sucre, indicó que son las autoridades judiciales que tienen competencia para aperturar una investigación y determinar, previa investigación, si esa resolución es o no incurre en prevaricato.
La denuncia se presentó en la ciudad de Sucre. Guzmán mencionó que el artículo 14 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, indica que la máxima autoridad ejecutiva de una institución que se vea afectada por la conducta de algún funcionario, tiene la obligación en constituirse en parte querellante.
Resaltó, que si la juez es parte del órgano judicial, la máxima autoridad es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), está en la obligación de constituirse en parte querellante, en la denuncia presentada en la ciudad de Sucre y también en las otras denuncias presentadas en la ciudad de La Paz.
El pasado martes, después de presentar la denuncia, señaló que se presentó una copia de la denuncia, adjuntando una solicitud al TSJ, pidiendo que la autoridad, en cumplimiento de la norma se constituya en parte querellante.
«La finalidad que buscamos, es como ciudadanos comunes, abogados comunes, pero que estamos buscando cierto grado de certeza jurídica o seguridad jurídica, que consideramos que últimamente en el país, al parecer ya no existe», expresó.
El abogado indicó a El Andaluz que representa a ciudadanos orureños, Henry Ticona, Jonathan Rivero y Gabriel Tito Marce, que decidieron alzar la voz para ordenar este entuerto jurídico.
Reiteró que se busca certeza jurídica y que se determine si con la resolución de la juez se incurrió en prevaricato o no.
Si resulta que se incurrió en prevaricato, dijo que corresponde emitir una sanción en contra de la juez de Santa Cruz, en caso de que se resuelva que no se incurrió en prevaricato con la r solución sobre la acción de libertad, se deberá cerrar el caso y tendría que haber repercusiones sobre el segundo momento, la resolución sobre el recurso de queja.
Guzmán mencionó que en los próximos días se tendría que dar una respuesta, si se admite o no la denuncia presentada en Sucre y se inicia con el proceso de investigación.
Sobre la solicitud al presidente del TSJ, por la carga procesal, se estima que se podría tener una respuesta la próxima semana.
