Por Rosy Sánchez/El Andaluz
La Excandidata al Tribunal Supremo de Justicia en Tarija, Isabel Moreno, señaló que las últimas acciones asumidas por los jueces de Santa Cruz y La Paz respecto al caso Evo Morales, deja entre ver que la influencia política está presente en la gran mayoría de los procesos judiciales.
“En muchos de estos casos existe el abuso de autoridad, se utiliza la fuerza para aprenderlos y tenemos desde el 2010 a jueces temerosos de resolver causas de acuerdo con lo justo y en derecho porque caen represarías en contra de ellos o si no tenemos jueces funcionales y serviles al gobierno”, expresó Isabel Moreno.
La expresidenta del colegio de abogados de Tarija lamentó que la justicia en Bolivia se haya visto influenciada por actores políticos partidarios al gobierno de turno, más aún cuando se ven involucradas autoridades o lideres funcionales al gobierno nacional por miedo a represarías como ocurrió con la Juez Lilian Moreno.
Respecto a la aprehensión de la ex jueza de Santa Cruz, Isabel Moreno, señaló que esta acción carece de legalidad y denota que existe un abuso de autoridad, sin embargo, se repite la misma acción en la que habría incurrido la misma juez que hoy se encuentra recluida en la cárcel.
“Resulta que a esta Juez lo están juzgando en La Paz por un caso que supuestamente ella habría cometido en la ciudad de Santa Cruz, donde el juez natural es de ese departamento, entonces está tomando de su propio chocolate”, dijo Isabel Moreno.
La profesional en materia de derecho a su vez indicó que estas irregularidades ocurren en la mayoría de los procesos judiciales, sin embargo, al ser un caso mediático que involucra al expresidente Evo Morales se muestra como esta manejada la justicia en el país.
El pasado lunes, la jueza Lilian Moreno Cuéllar fue aprehendida en Santa Cruz, una semana después de haber dejado sin efecto la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por el caso de presunta trata de personas con agravante. Ahora enfrenta procesos penales y disciplinarios por los delitos de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales