Por Rosy Sánchez/El Andaluz
La crisis económica que atraviesa del departamento de Tarija obliga a la gobernación a tomar nuevas medidas de austeridad y disminuir cada vez más los gastos de funcionamiento e inversión pública, la propuesta de ley de Emergencia Financiera generó una serie de cuestionamientos y rechazo de sectores sociales.
Este martes 25 de mayo la Federación de Campesinos y centrales provinciales, llevarán adelante una marcha de protesta que partirá desde la zona del mercado campesino y llegará a la plaza principal exigiendo que el proyecto de ley sea rechazado y devuelto a la gobernación.
El Ejecutivo de la Organización Campesina, Herbert Quispe indicó que en el ampliado realizado el pasado sábado, se determinó otorgar un plazo de 10 días tanto a la gobernación y a la asamblea legislativa para que la propuesta de ley sea retirada del debate de asamblea y se convoque a una mesa de diálogo.
“En cumplimiento a esta determinación, este martes vamos a realizar una marcha pacífica para exigir el cumplimento a este pliego petitorio de seis puntos, donde la principal preocupación es este proyecto de ley unilateral que se intenta aprobar en la asamblea legislativa departamental y que viene a perjudicar a nuestro sector campesino”, mencionó el dirigente.
El Dirigente advierte que, de aprobarse este proyecto de Ley, pasado los 10 días de plazo se iniciaran movilizaciones en todo el departamento con el bloqueo de carreteras indefinido con la toma de instituciones. Sin embargo, señalan que se agotaran las vías de diálogo.
Por su parte el gobernador del departamento Oscar Montes, indicó que no cederán a presiones políticas, y ratificó la necesidad de realizar una reestructuración financiera en base a los ingresos económicos actuales que alcanzan los 240 millones de bolivianos, de los cuales 100 millones serán para pagar deudas de gestiones pasadas.
“Otros 60 millones se van para el gasto de funcionamiento y necesitamos por lo menos necesitamos unos 30 a 40 millones para realizar las labores mínimas de emergencia, lo que nos quedan alrededor de 40 millones para los programas sociales, sin embargo, necesitamos 140 millones para cumplir con los 4 programas; canasta del adulto mayor, paquete alimentario, Prosol, los ítems y las asignaciones a los municipios”, explicó la autoridad departamental.
Oscar Montes fue enfático en señalar que no van a retroceder en el pedido de realizar una reestructuración de los programas sociales y la reducción del gasto público, mientras tanto se asumen acciones para reducir al mínimo el funcionamiento.
Decreto de austeridad extrema
El Gobernador del departamento Oscar Montes, indicó que como medida urgente se prepara un plan de austeridad extrema, que contempla el cierre temporal de las direcciones administrativas reduciendo al mínimo el funcionamiento y personal de trabajo.
“El día miércoles vamos a presentar este decreto de austeridad, donde vamos a dar a conocer hasta cuándo vamos a poder solventar los programas sociales y para cuantas familias va a alcanzar la distribución de la canasta del adulto mayor y los demás beneficios sociales”, dijo la autoridad departamental.
De igual forma se remitirá a la asamblea legislativa un proyecto de ley de reducción de salarios para autoridades y altos cargos de funcionarios que perciban más de los 6.000 bolivianos, ajuste que se realizará enmarcado a los ingresos económicos actuales que percibe la gobernación.
