Por Rosy Sánchez/El Andaluz
El asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza, indicó que son veinticuatro las obligaciones nacionales que se llevan cada año 43 millones de bolivianos de recursos departamentales, lo que significa el 12% del presupuesto de la gobernación de Tarija.
Dentro de estas competencias que son netamente responsabilidad del gobierno central se encuentran; el cumplimiento del pago del bono de vacunación, títulos de bachiller, prediarios para los privados de libertad, el fondo de incentivos petroleros por nombrar algunas de las obligaciones exigidas por el nivel nacional.
“El gobierno departamental no está en condiciones para seguir pagando y financiando oficinas del gobierno nacional, como es el caso de la OTN que es una oficina incluso internacional, incluso la renta dignidad, es decir que todas estas obligaciones han sido impuestas antes de la aprobacion de la Constitución Política del Estado”, expresó el asambleísta.
En ese marco Mauricio Lea Plaza señala que legalmente corresponde que las gobernaciones dejen de asumir esas competencias que son de responsabilidad del gobierno nacional, solo en exploración de hidrocarburos, el departamento de Tarija financio 61 millones de dólares con recursos del IDH.
“De esos 61 millones la gobernación financió 13 millones, los gobiernos municipales 43 millones y la Universidad 5 millones, tres instituciones pagando la exploración hidrocarburífera y resulta que no hubo exploraciones estos últimos años”, refirió Lea Plaza.
El asambleísta hizo notar que, con la reducción considerable de los recursos económicos por concepto de regalías, es insostenible continuar asumiendo estas responsabilidades de competencia nacional, por lo que es menester debatir la propuesta de Ley de Emergencia financiera presentada por el gobernador, Oscar Montes.
Por su parte la asambleísta del MAS, Juanita Miranda, señaló que es innegable reconocer que existen obligaciones que cumplen las gobernaciones y que son tuición del gobierno central, sin embargo, existen normas nacionales que le otorgan estas responsabilidades, por lo tanto, está en manos de la asamblea plurinacional buscar los mecanismos legales para hacer eco de esta necesidad.
“Si bien son obligaciones que nos da el gobierno central, es en favor de nuestra población como es el caso de los títulos de bachiller que va en favor de nuestros estudiantes, al igual que la ley del 1% que les permite a los gobiernos municipales acceder a mayores recursos y cubrir con la atención en las regiones dispersas”, expreso Juanita Miranda.
La asambleísta reiteró que es una obligación y responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que instó a los parlamentarios de Tarija, gestionar la asignación de mayores recursos económicos en favor del departamento.
