Trabajan proyecto de Ley que plantea implementar en la norma el delito de la «Protesta delincuencial»

Osmar Arroyo/El Andaluz

La senadora por Tarija, Marcela Guerrero indicó a El Andaluz que el país atraviesa por una situación bastante compleja y que sería fruto, por dejar pasar bastante tiempo por parte del gobierno, cree que se subestimaron las protestas en el país.

En los conflictos sociales en estas semanas, dijo que se ha visto destrozos a instituciones públicas, pero, también afectación a particulares, la confrontación con quienes no están dentro de este conflicto.

«Incluir una modificación al Código Penal, tipificar, en este caso, la protesta delincuencial, es una figura que no estaría enmarcada en nuestra legislación, si bien hay el derecho a la protesta, pero, este derecho de la protesta, no puede ser con afectación de terceros o a bienes públicos del Estado», explicó, a tiempo de mencionar que se trabaja en un proyecto de Ley sobre este tema.

La senadora Guerrero dijo que se trabaja en la iniciativa legislativa, para poder incluir dentro del Código Penal, que los hechos vandálicos no se pueden considerar una protesta.

«Toda protesta delincuencial debe ser sancionado por el Código Penal», apuntó la legisladora.

Señaló que se inició con el trabajo en la propuesta de Ley, que, si continúan los conflictos, se pedirá que se agilice y se pueda tratar el proyecto de Ley, por dispensación de trámite.

Con la Ley, dijo que se podrá salvaguardar el derecho a la protesta, pero, no se salvaguardará los actos delincuenciales, hechos vandálicos y afectación a privados, medios de comunicación a bienes del Estado.

Explicó que, prácticamente ya está concluida la propuesta de Ley, que se ha denominado «Actos Delictivos en Protestas y Movilizaciones Sociales», que se quiere incluir ese tipo penal, para regular la protesta delincuencial.

En el proyecto de Ley se establecen sanciones, la privación de libertad de ocho a diez años con agravantes hasta quince años, cuando se tratan de bienes públicos del Estado, la afectación que se pueda ocasionar y también se busca el resarcimiento de los daños ocasionados.

Mencionó que en la propuesta también se incluye el tema de la afectación a las familias, por el desabastecimiento de alimentos que se generan.

«Si el derecho a la protesta, es buscar reivindicaciones justas, pero esto, no debe implicar y creo que se debe entender en el país, que no se puede atentar con la vida, pero tampoco con el hambre de nuestra población», agregó.

Dijo que se han visto actos violentos de agresión, por lo que considera que es importante que se pueda tipificar y sancionar con cárcel, a quienes violenta los derechos sagrados de la Constitución, el derecho a la vida, a la alimentación, entre otros.

Diálogo

Ahora, dijo que existe un estado de emergencia, principalmente en La Paz, Oruro y Cochabamba, que a más de dos semanas se movilizaciones, en la sede de gobierno se ve una asfixia, por la escasez de productos de la canasta alimentaria, elevando los precios de varios productos.

Lamentó que, hasta el momento, no se haya podido consolidar una mesa de diálogo para lograr acuerdos.

«Preocupa los hechos vandálicos que ha existido, ha habido colegas que han sido afectados y hospitalizados, por cumplir el tema de la función legislativa, situación por la cual, hemos visto que el gobierno no ha podido entablar este diálogo, hemos solicitado que la iglesia católica, el Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos puedan intervenir», expresó.

Ante las voces que piden al gobierno, que se declare Estado de excepción en el país, Guerrero indicó que no está de acuerdo, tomando en cuenta, la experiencia que se ha tenido en el gobierno de Jeanine Añez, más de 100 muertos.

«Creo que esto agravaría más el conflicto nacional, por eso es que nosotros pedimos de que se pueda convocar a las mesas de diálogo, esperamos que los que están convocando, instancias internacionales, pueda lograr la pacificación y el gobierno hablar de manera clara, solucionar ciertas medidas de fondo y evitar, por su puesto, poder desmantelar un gobierno que ha sido electo democráticamente», apuntó.

Remarcó que, si el gobierno y los legisladores tienen que irse, debe ser dentro del marco democrático, establecido dentro de la Constitución Política del Estado, mediante la revocatoria.

En este momento, dijo que es muy pronto hablar del tema, en seis meses querer derrocar a un gobierno, es lo que se está viendo.

Bonos

Por otra parte, dijo que, ante la desesperación del gobierno, por los conflictos, con los sectores que se pudo sentar, con el magisterio, parte de los mineros, se ha sacado dos Decretos que preocupan bastante, porque se comprometen recursos.

En algunos casos, dijo que son temas que se deberían trabajar en Leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).

«Preocupa bastante el tema de los bonos, de dónde va a salir la platita de los 2.500 bolivianos que se va a dar a los maestros, como también así, el bono Bicentenario, que se va a dar para los policías», expresó.

Remarcó, que son temas que el gobierno debe hablar con la verdad y no «bajarse los pantalones», porque ahora, salen otros sectores demandando este tipo de temas, señalando que no creen que no haya plata, porque se están dando bonos, pero no se quiere dar el incremento salarial.

La senadora dijo que preocupa, como se lleva adelante las mesas de diálogo y realizar compromisos, que talvez, no se podrán cumplir en su momento.

Se refirió al anuncio del gobierno, de una posibilidad de crear el Ministerio de Movimientos Sociales. Considera que ese no es el camino.

Pide que el presidente Rodrigo Paz convoque nuevamente al diálogo y encare de frente, al ver el fracaso de los ministros para resolver los conflictos.