Audiencia: Determinación del Juzgado Agroambiental sobre el proyecto Domo Oso X-3 en suspenso

Osmar Arroyo/El Andaluz

La audiencia en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, sobre el proyecto Domo Oso X-3, se desarrolló este martes, sin embargo, no se tiene aún una resolución definitiva sobre las medidas solicitadas.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya presentó un legal solicitando una medida cautelar para paralizar las actividades petroleras que podrían afectar a la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía.

El pasado 19 de marzo se realizó una audiencia de inspección en el lugar de intervención del proyecto de exploración Domo Oso X-3 y ayer martes, se realizó la audiencia pública.

El Defensor del Pueblo informó que se presentaron los alegatos por parte de las partes y posteriormente el juez determinó un cuarto intermedio y solicitó que el Ministerio de Planificación pueda emitir un informe sobre la inicial solicitud que había hecho Petrobras, alegando la categoría 1, en el proyecto.

Señaló que en cinco días el Ministerio debe remitir la información solicitada y posteriormente se esperará la posición que pueda asumir el Tribunal Agroambiental a nivel nacional, sobre un recurso de compulsa que se ha planteado por una de las partes en contra del juez Agroambiental de Entre Ríos.

Según Callisaya, no se tiene una fecha específica para reanudar la audiencia, que dependerá de la resolución del recurso de compulsa, con el que se le quitaría o habilitaría la competencia del juez Agroambiental para emitir una resolución sobre el tema.

Remarcó que se encuentran a la espera de la resolución del juez, para definir que otras medidas se podrían adoptar.

Por su parte, el presidente del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija, Jesús Gira indicó a El Andaluz que se han constituido en el proceso para realizar la defensa.

Señaló que el juez ha determinado que en el plazo de cinco días, poder resolver el caso, previo a que se emita una resolución sobre el recurso de compulsa que interpuso la Procuraduría del Estado.

Audiencia

Pedro Callisaya indicó que se hicieron tres observaciones en los alegatos, primero el cuestionamiento a la categoría del proyecto, que se ha clasificado el proyecto como de segunda categoría, pero consideran que debería ser de categoría 1, por el impacto ambiental que tienen este tipo de proyectos.

«Entendemos que no se ha evaluado adecuadamente está categorización y es más, en la audiencia se ha presentado antecedentes, en el sentido de que, efectivamente el propio Petrobras, habría solicitado que se categorice como uno», expresó.

El derecho a la consulta es otra observación que realiza, dijo que no se ha cumplido con la consulta adecuada con la población», apuntó.

Indicó que esto volverá acuerdos internacionales, en cuanto al acceso a la información y el acceso al derecho a participar en decisiones ambientales.

El tercer punto del alegato presentado por la Defensoría del Pueblo está vinculado al derecho propietario de los predios en el que se hará el emplazamiento del proyecto. Se tienen certificaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que esos predios están en proceso de saneamiento, que no hay un titular establecido.

Mencionó que, en audiencia, organizaciones de la sociedad civil mostraron documentos que demuestran que la titularidad de esos predios estaría a cargo de personas, que son diferentes a las que brindaron una supuesta autorización para el emplazamiento del proyecto.

Jesús Gira indicó que la parte demandada ha hecho hincapié en los alegatos al principio de preclusión, argumentando que no han sido interpuestas las acciones en su tiempo, sobre una supuesta afectación o vulneración de algún derecho.

Cuestionaron la competencia del juez y dijo que por parte del Comité Cívico se ha pedido que no se dé curso al argumento sobre el principio de preclusión.

Según el dirigente cívico, el juez de Entre Ríos tiene competencia, porque es un juez natural por el tema territorial, es donde está la reserva de Tariquía, en donde supuestamente se estaría vulnerando derechos.

La senadora Marcela Guerrero señaló que la audiencia se instaló a las 9:00 de la mañana de este martes.

Dijo que ha quedado bastante claro en la audiencia, que los comunarios del cantón de Chiquiacá en ningún momento fueron tomados en cuenta en la consulta pública y que les hicieron firmar un acta notarial, pero ese documento no era para la autorización a la explotación.

Indicó que también se ha planteado en audiencia, que se solicita la realización de auditorías ambientales, por parte de la Contraloría General del Estado y se pidió que el juez pueda tomar en cuenta este tema.

Sobre los argumentos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guerrero señaló que ellos argumentan que se cumplieron con todos los trámites legales en el proyecto, pero cree que hay muchas contradicciones en los alegatos, que en la zona de emplazamiento no existen comunidades, pero al mismo tiempo señalan que tienen la aprobación de los comunarios para llevar adelante el proyecto.

Consulta pública

El Defensor del Pueblo explicó que hay una diferencia entre consulta previa y una consulta pública, que como no se tiene un pueblo indígena identificado en la zona, no se puede realizar una consulta previa, pero si, debería hacerse una consulta pública, la que no se habría realizado.

Señaló que hay una contradicción, que señalaron que se habría hecho una consulta a ocho comunidades y luego dijeron que eran diez y posteriormente, que eran más 20.

El presidente del Comité Cívico de Tarija indicó que los comunarios señalaron en audiencia, que, si bien algunos prestaron el consentimiento, pero no era para aprobar la consulta o viabilizar el proyecto, unos dicen que era para recibir un refrigerio, otros dicen que se habrían comprometido algunos proyectos para que puedan dar el consentimiento.

Considera que, con estos elementos, el proceso está viciado de nulidad y se llevaron adelante actos defectuosos que ponen en duda la consulta.

Impacto ambiental

Callisaya recordó que se trata de una zona que sirve de recarga hídrica a toda la región, que el proyecto no afectaría solamente a comunidades de la zona, que podría afectar a todo Tarija.

La senadora Guerrero mencionó que, en la audiencia de inspección, el pasado 19 de marzo se ha evidenciado, en el recorrido realizado, de la afectación en la zona a los árboles.

Dijo que inicialmente se tramito la categorización 1, que ve de manera integral el impacto ambiental, pero sospechosamente se otorgó la categoría 2, que solo ve algunos aspectos ambientales.

Reiteró que la zona en donde se emplazará la planchada del proyecto de exploración, en ese lugar se encuentra la zona de recarga hídrica y como es una pendiente, esas aguas bajas a comunidades adyacentes