Redacción Central/El Andaluz

Este viernes se instaló la audiencia de juicio oral en el proceso en contra de los comunarios de Chiquiacá, en el municipio de Entre Ríos.

El juicio debía instalarse este jueves, pero debido a la ausencia de uno de los coimputados, se inició con el juicio recién este viernes.

La senadora por Tarija, Marcela Guerrero informó a El Andaluz, pasada las 23:00 horas de ayer, que la audiencia de juicio oral en el proceso en contra de 12 comunarios de Chiquiacá, por acciones de defensa de la reserva de Tariquía, concluyó con una sentencia que absuelve a los comunarios de las acusaciones por las que eran procesados.

Son 12 comunarios procesados, denuncia interpuesta por la Empresa petrolera Petrobras, por supuestos daños y perjuicios y piden un resarcimiento económico de alrededor de dos millones de bolivianos.

En varias oportunidades, autoridades, representantes de instituciones y activistas denunciaron que se pretende criminalizar la defensa ambiental de la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía y que se busca amedrentar a los comunarios.

La Defensoría del Pueblo realiza la veeduría en este juicio para constatar que se cumplan con las garantías fundamentales del debido proceso.

Defensoría del Pueblo

Mediante una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo, se informó que La Defensoría del Pueblo lleva adelante por segundo día consecutivo una veeduría en el juicio seguido contra doce comunarios de Tariquía, en el municipio de Entre Ríos, en Tarija. La acción institucional tiene como objetivo constatar el respeto a las garantías fundamentales del debido proceso, la defensa técnica efectiva y la protección de quienes cumplen funciones vinculadas al cuidado del territorio.

Durante el desarrollo de la audiencia, el equipo de defensa de las personas imputadas presentó recursos de excepción de prejudicialidad y solicitudes de nulidad de acusación, estas acciones liberarían del proceso a las y los acusados. Ante la denegación de dichos recursos por parte de la autoridad jurisdiccional, el juez Omar Ventura Sanga, titular del Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal 1°, se dispuso el inicio del juicio en horas extraordinarias. El proceso judicial contempla la producción de un total de sesenta y tres pruebas, informó la delegada departamental de Tarija, Cecilia Bolívar.

El Defensor del Pueblo recuerda que, toda persona sujeta a un proceso penal goza del derecho irrenunciable a un juicio justo. Ello implica, entre otras garantías, la presunción de inocencia, el acceso a una defensa técnica idónea y la imparcialidad del tribunal. La Defensoría del Pueblo subraya que la veeduría constituye una herramienta legítima de acompañamiento institucional orientada a verificar que el desarrollo del proceso se ciña a los estándares internacionales en materia de administración de justicia, con particular atención a los enfoques de género, interculturalidad y respeto a los derechos de las comunidades y pueblos indígena originario campesinos.

La institución continuará informando oportunamente sobre el desarrollo de esta y otras acciones de veeduría en el marco de sus competencias legales, establecidas en la Ley 870 (Ley del Defensor del Pueblo) y demás normativa aplicable.

Recurso de compulsa

Por otra parte, Guerrero indicó que se espera que la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental resuelva el recurso de compulsa sobre el tema, estima que en las próximas semanas se podría emitir una resolución al respecto.