El abogado en derecho autonómico, Esteban Ortuño, después de haber presentado su propuesta de la Autonomización impositiva como una medida para afrontar la crisis económica, también indica que es necesario lograr que la Autonomía Boliviana sea aplicada en su máxima esencia.
“Han pasado ya más de dieciséis años desde que los bolivianos decidimos ser autónomos y todos los balances que han medido el progreso institucional del novedoso régimen administrativo, coinciden en indicar el poco desarrollo que ha tenido el autogobierno durante todo este tiempo. Esto nos hace afirmar que Bolivia es un estado autonómico, pero no autonomizado, que ha relegado las luchas ciudadanas de los años 2000 en una formalidad que no se practica” dijo Ortuño.
Según el profesional en derecho el centralismo económico y financiero, vigente en el sistema administrativo, evita que la institucionalidad autonómica, invierta sus recursos de manera adecuada en procura de ofrecer a todos los habitantes de sus jurisdicciones de servicios básicos eficientes y universales. Cabe mencionar que en Bolivia el 80 por ciento de los recursos los maneja el Gobierno Nacional y el restante 20 por ciento son administrados por las universidades y los Gobiernos Departamentales y municipales.
“Las motivaciones políticas, que alientan el fortalecimiento de la lógica centralista, no tienen inconvenientes en sacrificar el bienestar colectivo, a cambio acaparar el poder del estado. Es por que la autonomización impositiva y la definición de la deuda centralista, conceptos técnicos e incluso filosóficos, se constituyen en herramientas capaces de romper las cadenas del centralismo económico financiero que aqueja a nuestro pueblo, cargando a sus instituciones autonómicas de obligaciones fiscales unilaterales abusivas o confiscado nuestros recursos económicos, que por un mínimo criterio de equidad deberían ser reinvertidos en la tierra en donde fueron producidos”, declaró Ortuño.
Finalmente, Ortuño indica que mediante reformas normativas especificas en la actual definición de los dominios tributarios, se puede afrontar el reto de recuperar los recursos autonómicos, que por virtud constitucional deben ser utilizados para financiar obras y accione que contribuya de manera directa el desarrollo de los departamentos y municipios.
“Se plantea así la próxima gran lucha por nuestro autogobierno, que no será otra que la desplegada con el objetivo de fortalecer la autonómica fiscal de las instituciones de autogobierno, posibilitando que asuman el total control de sus finanzas y la administración de sus recursos”, acotó Ortuño.
