Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
La Subgobernación del municipio de El Puente, en el departamento de Tarija, se ha adherido a una demanda legal contra empresas mineras que operan ilegalmente en el río San Juan del Oro, según informó el subgobernador Daniel Ozorio. Esta acción legal, inicialmente presentada por la Gobernación de Tarija, busca detener la contaminación y el daño ambiental causado por estas operaciones mineras provenientes del vecino departamento de Potosí.
La demanda, que fue aceptada por el juez ambiental de San Lorenzo, es una acción importante en los esfuerzos por proteger los recursos hídricos de la región. “Hemos hecho una inspección el viernes anterior con el Defensor del Pueblo, técnicos de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Gestión Ambiental”, explicó Ozorio, detallando los pasos iniciales del proceso legal.
El subgobernador reveló que las autoridades de Potosí han comunicado la suspensión de las operaciones de las empresas mineras que trabajaban ilegalmente en el río. “Nos comunicaron que todas esas empresas mineras que trabajan ilegalmente en el río San Juan del Oro lo han suspendido y están sin operación ahora”, afirmó Ozorio.
La problemática no se limita a una sola empresa. Ozorio señaló que hay varias compañías operando de manera ilegal en la zona, aunque no pudo proporcionar nombres específicos. “Hay varias empresas que han estado operando ilegalmente. Usted sabe que el departamento de Potosí vive de la explotación de minerales”, comentó el subgobernador.
El impacto de estas operaciones mineras es significativo para las comunidades de Tarija, especialmente en los municipios de El Puente y Yunchara. En El Puente, 14 comunidades se ven directamente afectadas por la contaminación del río, mientras que en Yunchara se estima que entre ocho y nueve comunidades sufren las consecuencias.
El daño ambiental causado por estas operaciones mineras no solo afecta la calidad del agua del río San Juan del Oro, sino que también tiene un impacto directo en las actividades agrícolas y ganaderas. La contaminación del agua puede llevar a la pérdida de cultivos, problemas de salud en el ganado y, a largo plazo, afectar la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas.
Mientras tanto, las comunidades afectadas en El Puente y Yunchara esperan que esta acción legal pueda traer alivio a su situación. La restauración del río San Juan del Oro y la prevención de futuras contaminaciones son cruciales para el bienestar y la subsistencia de estas poblaciones.
