Willam Octavio Flores/EL ANDALU
La funcionaria reveló que la población privada de libertad sólo en la provincia Cercado se aproxima a las 1.000 personas, concentradas principalmente en el penal de Morros Blancos, por otra parte el Centro de Readaptación Productiva de Palmar, ya supera las 500 personas recluidas.
«Tenemos ya aproximadamente llegando a mil personas privadas de libertad en Morros Blancos, considerar que existe en la carceleta en Bermejo, considerar también que tenemos espacios en Entre Ríos como también en Villamontes», detalló
La representante de la Defensoría del Pueblo lamentó que la situación de las personas privadas de libertad en Tarija, como a nivel nacional, «todavía sigue siendo una situación que no cambia del modelo de más de 100 años atrás y que las condiciones de los procesos de reintegración social no son dignas».
Señaló que el principal factor es el hacinamiento, ya que la infraestructura de los penales no está diseñada para albergar la cantidad actual de reclusos. A esto se suma la falta de satisfacción de necesidades básicas como salud, alimentación y educación.
Retraso en la justicia y detenciones preventivas
Bolívar identificó como causas de esta crisis las demoras en la administración de justicia y el abuso de la detención preventiva en determinados casos, lo que agrava aún más el problema del hacinamiento carcelario.
«Existen situaciones relacionadas por la retardación de justicia en la atención de sus procesos, el abuso de la detención preventiva también en determinados casos», enfatizo Bolívar
Así mismo hizo notar una urgente necesidad en cuanto a la correcta separación y clasificación de la población penal en los recintos, tal como establece la normativa vigente.
Explicó que la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión dispone un sistema de calificación y categorización, donde las personas detenidas preventivamente no pueden estar junto con las ya sentenciadas, puesto que las primeras aún gozan del principio de presunción de inocencia.
«Las personas detenidas preventivas todavía gozan del principio de presunción de inocencia y por tanto no se puede realizar procesos de reintegración social con personas que están sujetas todavía a un procedimiento, entonces tiene que haber esa separación», aclaró.
Tambien mencionó que es obligatorio separar a los internos por edades, impidiendo que jóvenes compartan espacios con adultos, además de la obvia separación entre hombres y mujeres.
«Existe esa separación de mujeres y hombres, pero es la clasificación más sencilla, digamos no sencilla específicamente pero más cierta. Actualmente nuestros recintos penitenciarios tienen hombres y mujeres separados, pero no así ya las poblaciones en sí por sus características particulares», lamentó Bolívar.