El presidente Luis Arce envió este lunes a la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley para luchar contra la corrupción y anunció que mediante esta iniciativa también se busca pedir a las empresas privadas levantar su secreto bancario, de manera voluntaria, en la ejecución de las obras que se adjudiquen de distintos niveles del Estado.
Durante el acto de presentación del Anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, Arce remarcó que esta iniciativa “tiene la virtud de identificar las cuentas donde se van a depositar los recursos del Estado”.
“Esto va a abarcar no solamente a las obras que van a hacer todas las unidades del Gobierno nacional, sino también gobiernos municipales y gobiernos autónomos departamentales. Cuando firmen un contrato con una empresa privada, se va a solicitar a todas las empresas privadas que se adjudicaron obras (…) abran una cuenta donde se van a depositar el 100% de los recursos que el Estado se compromete al ejecutarse una obra y, por lo tanto, en esa cuenta se van a poder determinar los gastos que realicen las empresas privadas en la (ejecución) de la obra señalada en el contrato respectivo”, detalló.
Según el mandatario, lo que se quiere es tener una cuenta específica para cada uno de los contratos con el fin de depositar los recursos y hacer el seguimiento correspondiente de los pagos.
Incluso, “de esta manera, por supuesto siempre en el marco constitucional, se va a solicitar que, de manera voluntaria, las empresas privadas puedan prescindir del secreto bancario para esa cuenta que va a recibir recursos de los bolivianos (…), ahí van a estar los recursos de los diferentes estratos del Estado, ahí tiene que hacerse el seguimiento a esos pagos”, señaló.
Sin embargo, aclaró que se hará este seguimiento “sin perjudicar la inversión” y la gestión de las empresas privadas.
Ahora, “sin duda alguna, habrá también empresas privadas que no quieran dejar de cobijarse bajo el secreto bancario y respetaremos porque la normativa vigente en nuestro país así asegura esa confidencialidad y por eso es que también en la ley (…) está estipulado que tiene la voluntariedad”, afirmó.
No obstante, según el presidente Arce, el Estado tendrá la obligación de publicar quiénes o qué empresas se cobijan bajo el secreto bancario y “quiénes, en el entendido de que son recursos del sector público y todas las cuentas deben ser absolutamente transparentes, tendrán la posibilidad de mostrarse así ante la sociedad”.