El Deber
Cuatro de los 28 jóvenes de una plataforma cívica de Santa Cruz, aprehendidos el jueves en La Recoleta en Sucre, deberán guardar detención domiciliaria, arraigo y otras medidas sustitutivas, por decisión de un juez en lo Penal de la Capital que no dio curso a la solicitud del Ministerio Público.
La cuatro personas fueron imputadas por la probable comisión del delito de atentados contra la salud pública, porque en las pruebas rápidas dieron positivo a Covid-19. Para el resto de los 24 procesados, el juez Lázaro Rocha, ordenó la madrugada de este domingo, la libertad estricta. En el operativo se acusó a estas personas de portar droga y supuestos explosivos.
Además, de la detención domiciliaria con derecho laboral, tienen la obligación de presentarse en la Fiscalía de sus regiones cada 15 días, en este caso en Santa Cruz, y la prohibición de concurrir a lugares similares, arraigo nacional en 15 días, según informó el fiscal Daher Rosas.
Alfredo Gutiérrez, abogado defensor de los imputados, aseguró que para el juez, «estar enfermo con Covid-19 y aglomerarse es un delito», y lamentó la decisión del juzgador que «salvó» al fiscal general Juan Lanchipa de otro proceso por abuso de autoridad.
El informe policial señala que en las pertenencias de estas personas encontraron marihuana y cocaína, además de granada de gas, pero según la defensa, los imputados en su declaración informativa rechazaron que tuvieran en su poder estos objetos, tampoco bebidas alcohólicas tal como se reportó.
El sábado, un tribunal de dos vocales denegó la acción de libertad interpuesta por los arrestados, arguyendo de que en su aprehensión no se habría vulnerado ningún derecho tal como alegaban ellos.