El gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón, reveló que la Gobernación continúa destinando más de 12 millones de bolivianos anualmente en salarios de aproximadamente 200 trabajadores del extinto Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), a pesar de que, según sus palabras, estos no generan ningún tipo de productividad.
Montes calificó la situación como “muy triste” e insostenible, tras haber revisado durante la semana las planillas de personal. “Tenemos 200 personas que no hacen nada”, afirmó, señalando que incluso los subgobernadores se negaron a integrarlos en labores de campo debido a su falta de compromiso y baja eficiencia. “La producción que tienen es casi cercana a cero”, lamentó.
“Es gente que está acostumbrada a entrar a las 8 de la mañana, toma su refrigerio hasta las 9, a las 10 y media hay que darles refrigerio, a las 12 tienen otra merienda y a las 2 de la tarde ya están retornando para irse a las 4 de la tarde a su casa”, dijo Oscar Montes.
El gobernador explicó que dentro de este grupo hay más de 100 funcionarios administrativos sin funciones claras, presuntamente protegidos por el representante del Ministerio de Trabajo en Tarija.
Incluso existen 20 trabajadores declarados en comisión sindical, a pesar de que el SEDECA ya no existe legalmente como institución. “Se ha reconocido un sindicato de una entidad inexistente”, criticó Montes.
Montes también informó que el mantenimiento de más de 2.300 kilómetros de caminos ha sido delegado a solo 80 personas distribuidas entre las ocho subgobernaciones del departamento, mientras que el personal del ex SEDECA permanece ocioso.
La gente que tiene (el ex SEDECA) es más económica tenerla sin hacer nada que teniéndolas trabajando porque hay que darles transporte, hay que darles viáticos, ropa de trabajo. O sea, te llenan de pedidos cuando el rendimiento que tienen es nada, subrayó Montes.
Finalmente, la autoridad departamental anunció que se ha planteado este problema al más alto nivel del Gobierno nacional y que se conformará una comisión para su tratamiento.
También adelantó que el caso será puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría, con la esperanza de que “algún día alguien tenga que responder por este daño económico al pueblo de Tarija”, concluyó.
