Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
Se ha desatado un conflicto entre organizaciones indígenas y sociales por la distribución de viviendas destinadas a los damnificados del aluvión ocurrido en 2022 en Entre Ríos. René Arebayo, representante de Diplomacia de los Pueblos Indígenas Guaraníes y Tikahuazu, ha denunciado la intromisión de la organización de mujeres Bartolinas Sisa en el proceso de asignación de viviendas, lo que ha generado tensiones y amenaza con escalar a medidas más drásticas si no se resuelve la situación.
Según Arebayo, el gobierno boliviano entregó inicialmente 56 viviendas sociales para los afectados por el aluvión del año pasado en la región. Posteriormente, se otorgaron otras 27 viviendas adicionales, esta vez con contraparte de los comunarios. Sin embargo, el proceso de distribución de estas últimas ha sido el detonante del conflicto actual.
“Hemos tenido mala experiencia por la intromisión de una organización de mujeres de las Bartolinas en decidir a quiénes entregar, no respetando así a las autoridades competentes de la organización de poder presentar la lista a la vivienda y posteriormente evaluar y poder ejecutar la vivienda”, explicó Arevallo.
Intromisión en la jurisdicción indígena
El representante guaraní enfatizó que la organización Bartolinas Sisa, a través de su ejecutiva departamental y municipal, está evaluando y decidiendo sobre la asignación de viviendas en un área que, según él, está fuera de su competencia. “En este caso lo están haciendo las Bartolinas Sisa a través de su ejecutiva departamental y municipal en evaluar y donde ellos no tienen ninguna competencia para poder entrometerse en la jurisdicción indígena”, afirmó Arebayo.
Esta situación ha generado un conflicto de autoridad y jurisdicción, ya que los líderes guaraníes consideran que tienen la potestad exclusiva de gestionar y ejecutar proyectos en su territorio, incluyendo la asignación de viviendas a los damnificados.
Piden respeto a la autonomía indígena
Arebayo dejó claro que su organización no está en contra de la entrega de viviendas, sino que reclama el respeto a su autonomía y jurisdicción. “Lo único que queremos es que no se entrometa en la jurisdicción indígena y que nosotros como autoridades que estamos tenemos que presentar nuestra lista y se evalúe el proyecto con el cargado de la vivienda y poder gestionar ya los proyectos y ejecutarlos en nuestro territorio”, explicó.
Este reclamo se basa en el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, que incluye el respeto a sus formas de organización y autogobierno.
Ante esta situación, los líderes guaraníes han decidido tomar acciones para defender lo que consideran sus derechos. Arebayo anunció que enviarán una carta formal a la organización de las Bartolinas, solicitándoles que cesen su intervención en la jurisdicción indígena.
Sin embargo, también advirtió sobre posibles medidas más drásticas si la situación no se resuelve. “Si en caso ellos persisten en esto, nosotros vamos a tener que tomar otra medida como por ejemplo la expulsión de las Bartolinas de nuestro territorio”