Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
Fernando Galarza, presidente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV), advierte que el contrabando se ha convertido en un problema crítico para la economía tarijeña, especialmente para la industria vitivinícola.
No solo afecta a las bodegas, sino que también golpea a más de 5.000 familias productoras de uva y a más de 6.000 empleados que trabajan directa o indirectamente en esta industria.
El impacto se extiende a otras áreas económicas, como el turismo, la hotelería, el transporte y la gastronomía, ya que el turismo tiene un efecto multiplicador significativo en la economía local.
«Se afectan más de 5.000 familias productoras de uva más de 6,000 fuentes directas e indirectas que trabajan dentro de la industria y se afecta al turismo y el turismo tiene un efecto multiplicador enorme que también afecta la hotelería, se afecta el transporte, se afecta el comercio la gastronomía», enfatiza Galarza.
La ANIV ha presentado una serie de alternativas al gobierno nacional para combatir este flagelo, pero hasta la fecha, no se ha visto una política sólida y decisiva para frenar el contrabando. Galarza hace un llamado a las autoridades para que se involucren activamente en la lucha contra este problema y señala que el sector está dispuesto a brindar su apoyo en esta causa.
El contrabando ha ido en aumento año tras año, y actualmente se ha vuelto más fácil la entrada de productos de contrabando, inundando tiendas y mercados locales. La falta de una política efectiva para frenar esta actividad ilegal es evidente.
“Cada vez es más fácil que ingresen los productos de contrabando y eso lo pueden corroborar viendo cualquier tienda de barrio cualquier mercado, está inundado por este contrabando por todas partes y no existe lamentablemente como les decía una política firme concreta que pueda frenar este flagelo” asevero.
Impuestos, otra preocupación
Además del contrabando, la industria vitivinícola enfrenta desafíos impositivos, particularmente el impuesto al consumo específico, que gravan productos considerados de lujo. Estos impuestos afectan la competitividad tanto en el mercado interno como en las exportaciones, perjudicando especialmente a las pequeñas y medianas bodegas.
«Muchas empresas se ven afectadas debido a las obligaciones crediticias y bancarias, así como la generación de empleo que se ve comprometida debido a la falta de liquidez en un mercado que no responde a la producción», lamenta Galarza.
El presidente de ANIV destaca la necesidad de un estudio que muestre el impacto de estas políticas en la industria vitivinícola y pide medidas concretas para impulsar y fortalecer el sector en lugar de restringir sus oportunidades de crecimiento.