Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Tomás Velásquez, ha alertado a el sector campesino sobre un proyecto de ley que podría cambiar drásticamente la tenencia de tierras en el país. Este proyecto, impulsado por el gobierno nacional, busca reconvertir las pequeñas propiedades en medianas, una medida que, según Velásquez, podría tener consecuencias devastadoras para los campesinos en toda Bolivia.
“Quiero alertar a la gente del campo que el gobierno nacional está trabajando en un proyecto de ley de reconversión de pequeña propiedad a mediana”, declaró Velásquez. Esta aparentemente simple reclasificación de tierras esconde, según el dirigente, una serie de implicaciones que podrían alterar fundamentalmente la estructura agraria de Tarija y, potencialmente, de toda Bolivia.
El corazón del problema, según Velásquez, radica en dos aspectos principales del proyecto de ley: la imposición de nuevos impuestos y la amenaza de reversión de tierras al Estado. “Eso significa que van a cobrar impuestos, así como en Santa Cruz se paga impuestos por la mediana propiedad”, explicó Velásquez. Este nuevo gravamen fiscal representaría una carga adicional para los pequeños agricultores que, en muchos casos, ya luchan por mantener rentables sus operaciones.
Pero el aspecto más preocupante del proyecto, según Velásquez, es la cláusula de reversión de tierras. “Las que no están cumpliendo la función social van a ser revertidas al Estado, y eso lo dice clarito el proyecto de ley”, advirtió el dirigente. Esta disposición podría poner en riesgo la tenencia de tierra de muchos campesinos que, por diversas circunstancias, podrían no estar cumpliendo con los criterios de “función social” establecidos por el gobierno.
La noción de “función social” de la tierra ha sido un concepto central en la política agraria boliviana desde la Reforma Agraria de 1953. Tradicionalmente, se ha aplicado principalmente a las grandes propiedades, con el objetivo de evitar el latifundio improductivo. Sin embargo, este nuevo proyecto de ley parece extender este principio a propiedades más pequeñas, lo que Velásquez ve como una amenaza directa a la base del campesinado tarijeño y boliviano.
“Aquí a veces la gente, por diferentes circunstancias que tienen una hectarea de tierra, no está cumpliendo la función social. Automáticamente el Estado le va a revertir”, explicó Velásquez, pintando un escenario en el que muchos pequeños agricultores podrían perder sus tierras debido a factores fuera de su control, como sequías, falta de recursos para invertir en la producción, o incluso tradiciones de uso de la tierra que no se alinean con los criterios gubernamentales.
El proyecto de ley también ha levantado sospechas entre los líderes campesinos. Según Velásquez, el proyecto fue presentado el año pasado, justo antes del 2 de agosto, una fecha significativa en el calendario agrario boliviano por ser el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria. “Eso están presentando el gobierno, el partido en función del gobierno”, señaló Velásquez, sugiriendo que la elección de la fecha podría ser un intento de presentar el proyecto como un “regalo” al sector campesino, cuando en realidad podría ser lo contrario.
La falta de socialización adecuada del proyecto es otro punto de crítica por parte de Velásquez. “No han socializado con la verdadera gente del campo”, afirmó. “Han venido personas que viven en 800 metros cuadrados y no les afecta en nada el proyecto de ley”. Esta falta de consulta con los directamente afectados ha llevado a la Federación a declararse en estado de emergencia y a rechazar el proyecto en su forma actual.
Velásquez también señaló la aparente contradicción entre este proyecto y los principios históricos de la Reforma Agraria en Bolivia. “Les dieron la tierra para que los campesinos tengan propiedades. Ahora les quieren quitar esa propiedad”, resumió, destacando cómo esta medida podría revertir décadas de política agraria orientada a beneficiar a los pequeños agricultores.
El dirigente explicó que, hasta ahora, la pequeña y mediana propiedad eran consideradas “intocables” en términos de reversión al Estado. “Ahora todo ya no hay sitio pequeña propiedad, todo es mediana propiedad”, dijo, ilustrando cómo el proyecto de ley eliminaría esta protección histórica.
Las implicaciones fiscales del proyecto también son motivo de preocupación. Actualmente, según Velásquez, los impuestos sobre la tierra son manejados a nivel municipal, con montos relativamente bajos. “Eso queda en cada municipio, son autónomos. Se pagaban 1 boliviano, de acuerdo a los municipios”, explicó. Sin embargo, el nuevo proyecto cambiaría esto, centralizando los impuestos a nivel estatal y potencialmente aumentando la carga fiscal sobre los agricultores.
Velásquez ve en este proyecto una posible estrategia del gobierno para generar ingresos adicionales, posiblemente relacionada con la deuda externa del país. “Se nos viene la deuda externa y si necesitan plata para devolver, yo más o menos apunto a eso”, especuló el dirigente, sugiriendo que el proyecto podría ser parte de un plan más amplio para aumentar los ingresos estatales a expensas de los pequeños agricultores.
Frente a esta situación, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija está tomando medidas. “Vamos a mandar una nota a la Cámara de Senadores para que no le den curso, para que bajen a socializar con la verdadera gente del campo”, anunció Velásquez. Esta acción busca frenar el avance del proyecto y forzar un proceso de consulta más inclusivo y transparente.
