Natalia López/El Andaluz
La cifra de detenidos por los eventos del 26 de junio, cuando el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga encabezó un intento de golpe de Estado, ha llegado a 23 personas, entre militares y civiles. La oposición, que califica el hecho como un «autogolpe», ha denunciado que los derechos de los militares detenidos están siendo vulnerados.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, refutó estas afirmaciones, señalando que no han recibido solicitudes de atención especial por parte de los detenidos y que las revisiones médicas no mostraron afectaciones a su integridad física. De los 23 aprehendidos, 12 están bajo detención preventiva, mientras que el resto se encuentra en detención domiciliaria.
Los detenidos están repartidos en diferentes penales y en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El principal acusado, Zúñiga, fue trasladado al penal de El Abra, en Cochabamba. Callisaya informó que la Defensoría del Pueblo ha estado visitando a los detenidos, facilitando el acceso de sus abogados y el contacto con sus familiares, aunque inicialmente enfrentaron obstáculos por parte del Ministerio Público.
Callisaya subrayó la importancia de una «investigación transparente de cara al pueblo» para esclarecer los hechos suscitados ese día. En este sentido, las cámaras de Senadores y Diputados han expresado su intención de formar comisiones especializadas para llevar a cabo una investigación profunda y detallada de los acontecimientos.
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