Natalia López/El Andaluz
En la tarde de este miércoles, alrededor de las 02:00 pm, se dio a conocer un golpe de Estado militar en la ciudad de La Paz, específicamente en la plaza Murillo. Los militares, con la intención de tomar el Palacio de Gobierno, llegaron al lugar con tanquetas armadas con ametralladoras, escopetas y otros tipos de armamento. Este acto de fuerza marcó un punto crítico en la situación política del país.
El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, respondió rápidamente a la situación. En repetidas ocasiones, solicitó al general Zúñiga que retirara a los efectivos militares y los movilizara lejos del centro de la ciudad. La presencia militar en la plaza Murillo, una zona simbólica y estratégica, generó una gran preocupación entre los ciudadanos y los funcionarios del gobierno.
Ante la negativa del general Zúñiga de acatar las órdenes del ministro del Castillo, se planteó la posibilidad de iniciar un proceso penal en su contra. Este acto fue considerado inconstitucional y una clara violación de las normas democráticas del país. El desafío del general Zúñiga a la autoridad civil exacerbó la tensión y la incertidumbre política en Bolivia.
El golpe de Estado militar no solo representó una amenaza directa al gobierno en funciones, sino que también puso en riesgo la estabilidad y la seguridad del país. La intervención de las fuerzas armadas en la política nacional generó un clima de miedo y desconfianza entre la población. Las calles de La Paz se llenaron de manifestantes y observadores preocupados por el futuro de la democracia boliviana.
El golpe de Estado militar en Bolivia evidenció una profunda crisis institucional y una ruptura en la relación entre las fuerzas armadas y el gobierno civil. La respuesta del ministro del Castillo y la posterior acción legal contra el general Zúñiga subrayaron la gravedad de la situación y la necesidad urgente de restablecer el orden constitucional en el país.
