Natalia López/El Andaluz
La Procuraduría General del Estado (PGE) está enfocando sus esfuerzos en 287 casos a nivel nacional, de los cuales 30 han sido categorizados como «ultrapriorizados» debido a los significativos daños económicos que representan para el Estado o por su alta repercusión mediática. Según María Belén Serrate, directora departamental de Santa Cruz de la PGE, antes de la gestión actual se atendían 570 casos, una cifra que ha sido reducida para concentrarse en aquellos que realmente afectan económicamente al Estado, superando los 7 millones de bolivianos en pérdidas.
En Santa Cruz, se destacan tres casos ultrapriorizados, incluyendo un daño económico de 32 millones de bolivianos relacionado con contratos irregulares de la exalcaldesa Angélica Sosa, y un perjuicio de 266.388.500 dólares debido a la paralización en la construcción de la siderúrgica del Mutún. Estos casos, junto con otros de alta visibilidad como el Golpe de Estado I, Senkata y el caso de los ventiladores españoles, están siendo manejados con especial atención por la PGE.
La estrategia de la Procuraduría busca limitar su intervención a procesos donde el Estado sea directamente afectado, dejando otros asuntos en manos de instancias más adecuadas. Esta medida se enmarca en una revisión crítica de las responsabilidades de la PGE y un esfuerzo por gestionar de manera más eficiente los recursos y prioridades del Estado en materia legal y de litigios.
