Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
En medio de una crisis financiera que golpea duramente a Tarija, el Gobernador Oscar Montes ha propuesto mediante un proyecto de ley, reducir los salarios de los altos cargos ejecutivos y legislativos del departamento.
Este proyecto de ley, presentado el 31 de mayo a la Asamblea Legislativa Departamental, busca ajustar la escala salarial en un momento en que las arcas departamentales se ven severamente afectadas por la caída en los ingresos de regalías. Sin embargo, lo que el Ejecutivo ve como un acto de responsabilidad fiscal, algunos legisladores lo interpretan como una maniobra política.
Erick Montaño, Secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, expuso la gravedad de la situación financiera departamental. “Dentro del presupuesto de ingresos que teníamos, habíamos presupuestado alrededor de 38 millones de bolivianos mensualmente para este año”, explicó. “Pero desde enero a la fecha, esta variación y reducción de ingresos ha sido muy significativa”. La magnitud del problema se hizo evidente en mayo: de los 38 millones presupuestados, solo se recibieron 26 millones.
Esta abrupta caída en los ingresos ha obligado al Gobernador Montes a tomar medidas drásticas. “Hemos presentado un proyecto de ley para una nueva escala salarial en cargos ejecutivos de la Gobernación y para la Asamblea Departamental”, detalló Montaño. “Esta escala significa un nuevo ajuste que estamos haciendo solamente a la parte ejecutiva”.
El alcance de los recortes es amplio, pero específico. Afectará al Gobernador, Vicegobernador, asambleístas, secretarios, subgobernadores, y directores de nivel 1 y 2. “Esto significa una reducción a lo largo de todo este año de casi 9 millones de bolivianos”, señaló el Secretario. “Sabemos que no es un ajuste significativo, pero es una parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como institución”.
Con esta nueva escala salarial el sueldo del gobernador bajaría de 13.000 Bs. A 9.000 Bs, y a los asambleístas departamentales, de 12.000 a 8.000 Bs, según explicó el secretario de Finanzas de la Gobernación.
La propuesta no solo refleja la urgencia financiera, sino también un intento de liderar con el ejemplo. En un momento en que muchos tarijeños enfrentan dificultades económicas, el mensaje parece ser claro: los líderes departamentales están dispuestos a apretarse el cinturón junto con sus ciudadanos, indico Montaño.
Asamblea calificó el proyecto de ley como político
Sin embargo, Juanita Miranda, asambleísta departamental del MAS-IPSP, sugiere que detrás del proyecto de ley hay motivos políticos.
“Es un planteamiento que hay que analizarlo, considerarlo, hay que revisarlo dentro de la Asamblea Departamental, pero también tiene que el Gobernador analizar y revisar el funcionamiento de la institución” indico.
“Habría que mirar cuántas secretarías, cuántas direcciones tenemos. Que siempre se están haciendo modificaciones presupuestarias donde incluye la contratación de más personal”. Su argumento es que, antes de recortar salarios, se debería optimizar la estructura organizativa, eliminando cargos innecesarios.
Por lo que Miranda ve el proyecto de ley como parte de una estrategia política más amplia. “Creo que también hay que hacer la lectura política: que siempre para el Gobernador su blanco perfecto es la Asamblea, para poder disimular la mala gestión que lleva adelante, la poca economía que está promoviendo y moviendo dentro del departamento”.
La asambleísta contrasta la situación de Tarija con la de departamentos vecinos. “No hace falta ir lejos, un departamento vecino, Potosí, Sucre, tiene movimiento económico y Tarija lamentablemente no cuenta con ese movimiento económico”.
Según Miranda, esto se debe a las prioridades del Gobernador: “Ha optado por pagar proyectos anteriores a empresas que se les debe, y obviamente se les tiene que cancelar, pero que también podría haber alternado con la ejecución de nuevos proyectos, pero proyectos importantes que generen desarrollo dentro del departamento”.
Por lo que Miranda insiste que el proyecto de ley solo busca dañar la imagen de la ALDT.
“Es más claro que este proyecto de ley es una estrategia política para poder tener otra vez en el blanco a la Asamblea. Creo que le hemos servido como blanco perfecto para disimular la mala gestión que ha llevado adelante”.
A nivel político, el proyecto de ley ha expuesto tensiones subyacentes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras que el Gobernador Montes presenta la medida como un acto de solidaridad y responsabilidad económica, algunos asambleístas la ven como una táctica para desviar la atención de lo que consideran una gestión deficiente.
