Concejal Romero espera que la próxima semana se apruebe la ley del “Taxi Seguro”

Williams Flores/El Andaluz

La implementación de un servicio de “Taxi Seguro” y la regulación de las tarifas del transporte público son dos de las principales demandas que la concejal del municipio de Cercado, Adriana Romero, exige se atiendan con prontitud por parte de las autoridades locales.

Romero informó que el proyecto de ley municipal para crear el programa “Taxi Seguro” ya cumplió con todos los requisitos exigidos en el proceso legislativo.

La iniciativa, que busca brindar un servicio de transporte garantizado para la población, actualmente se encuentra en la etapa final de revisión jurídica en la Alcaldía de Cercado.  “En estos momentos se encuentra en el despacho jurídico de Autonomías en la Alcaldía Municipal, a quienes hemos solicitado que nos den una respuesta ya positiva”, detalló la concejal.

Romero manifestó tener conocimiento que los informes técnicos previos habrían sido favorables al proyecto de ley del “Taxi Seguro”, que contó además con la participación de organizaciones sociales como las Fejuves, preocupadas por los frecuentes casos de asaltos y robos perpetrados por delincuentes que se hacen pasar por taxistas.

Ante esta coyuntura, la concejal Romero expresó su expectativa de que el proyecto de ley del “Taxi Seguro” sea derivado por el municipio la próxima semana al Concejo Municipal. “Esperemos que la próxima semana llegue este proyecto para que pase a su aprobación, nosotros debemos brindarle la seguridad a la población con los taxi”, enfatizó.

Otro de los frentes que la concejal tiene en la mira es la falta de control y regulación de las tarifas del transporte público de la ciudad, que según denunció, han estado subiendo de manera descontrolada en contra de lo establecido por ley.

Romero recordó que desde 2013 existe una ley municipal que fija un máximo de 3,50 bolivianos por carrera dentro del primer anillo de circunvalación de la ciudad, con ligeras modificaciones posteriores, pero que no se ha aplicado debidamente.

“Sabemos que hay una ley aprobada desde el 2013 con algunas modificaciones, pero que es de 3,50 bolivianos a la población máximo 4 en un radio de la primera circunvalación más adelante. Entonces no entendemos por qué no han hecho un control”, lamentó.

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