Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
El asambleísta departamental, Aníbal Rodríguez y Gabriela Panique, dirigente del Distrito 11 donde esta el barrio San Luis, informaron sobre la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público y una serie de medidas de presión que se aplicarán en las próximas semanas.
Rodríguez explicó que, tras reunirse con los vecinos afectados, se decidió convocar a la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Tarija y a los barrios circundantes a las lagunas para una cumbre en la que se definirán futuras acciones de protesta.
«Se va a convocar la próxima semana una reunión con la FEDJUVE departamental, la provincial Cercado y los barrios afectados, no solo San Luis sino la población en general, para decidir las medidas a tomar como una posible marcha para presionar a las autoridades nacionales por la pronta ejecución de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)», reveló el legislador.
Acción jurídica en marcha
El representante departamental sostuvo que esta convocatoria vecinal se suma a la denuncia penal que ya fue formalizada la semana pasada en la Fiscalía contra COSAALT por la presunta comisión de delitos contra la salud pública y el medio ambiente.
«La denuncia está presentada y dentro de 20 días deben realizarse las investigaciones, si es que este plazo no se extiende. El barrio San Luis inicialmente había considerado una acción popular, pero ahora se adherirá a esta denuncia», informó Rodríguez.
El asambleísta argumentó que no solo los vecinos del barrio San Luis son los afectados, sino la población en general debido a que los alimentos que se producen en la región son regados con las aguas del río Guadalquivir, al que desembocan los desechos de las lagunas, poniendo en riesgo la salud colectiva.
«Es necesario que toda la población tome consciencia de esta grave situación y de las consecuencias a la salud que pueden generarse por la contaminación del río con las aguas servidas de las lagunas mal administradas por COSAALT», enfatizó.
Daño ambiental acumulado
Por su parte, Gabriela Panique, dirigente del barrio San Luis, aplaudió que las autoridades departamentales por fin hayan tomado cartas en el asunto después de casi 35 años de degradación ambiental por el mal manejo de las lagunas de oxidación.
«Hemos estado pidiendo auditorías ambientales y soluciones durante mucho tiempo sin ser escuchados. Ahora la Gobernación no les emite una licencia ambiental a COSAALT porque han incumplido todas las normas. Tienen que deshacer todo para volver a hacer bien su trabajo, ya que las lagunas no están cumpliendo su función de tratar adecuadamente las aguas residuales», cuestionó.
Panique adelantó que, en las próximas horas, el barrio San Luis también evaluará sumarse a las acciones legales en contra de la cooperativa operadora.
«Vamos a analizar, junto a nuestro equipo técnico, si presentamos también una acción popular contra COSAALT por las irregularidades y pediremos a las autoridades competentes que soliciten una auditoría ambiental, ya que como barrio no podemos hacerlo», manifestó.
La dirigente lamentó que, pese a los reiterados reclamos vecinales por los perjuicios ambientales, COSAALT no haya realizado hasta el momento ningún cambio significativo para mitigar la contaminación, cuyos principales efectos son la proliferación de insectos y los molestos olores que azotan a los residentes de la zona.
«Ni siquiera el consejo de administración de COSAALT se ha reunido con la junta vecinal para explicar qué cambios están haciendo. No hemos podido percibir alguna mejoría porque los malos olores y la plaga de zancudos continúan afectándonos por tener las lagunas en el barrio», deploró Panique.
Necesidad urgente de nueva planta
Tanto las autoridades como los vecinos coincidieron en que la única salida real a la contaminación de las lagunas es la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de última tecnología que reemplace completamente a las instalaciones obsoletas de San Luis.
No obstante, manifestaron su preocupación porque este proyecto no termina de concretarse por la falta de financiamiento, pese a contar ya con un terreno destinado para este fin.
«Estamos desesperados porque hasta el momento no hay un financiamiento asignado para la planta, que es la esperanza de vida en materia ambiental para Tarija. Solo existe el terreno, pero nada más. Es una pena que se haya llegado al 15 de abril sin este proyecto crucial», lamentó Panique.
