Diputada Campero denuncia que la ANH autorizó la compra de combustible de pésima calidad

Osmar Arroyo/El Andaluz

La diputada por Comunidad Ciudadana, Luciana Campero denunció de manera pública que en la gestión pasada y este año, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se autorizó la compra de gasolina y diésel de pésima calidad.

Remarcó que se tratar de carburantes incomerciables, que no se venden en otros países, pero si se lo hace en Bolivia.

La parlamentaria recibió una respuesta del Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) Perú, en el que señalan que “no reciben documentación” del gobierno de Bolivia sobre los carburantes.

Entre tanto, la documentación de la ANH e informes técnicos indican que el diésel que comercializa tiene un contenido mayo a 50 ppm (partes por millón), que en otros países está prohibido vender, por sus normativas.

“Queremos denunciar que Germán Jiménez, directo de la ANH, ha autorizado desde la pasada gestión a la actualidad la compra de gasolina y diésel de pésima calidad, inutilizable, que afecta a los vehículos bolivianos, nuestra salud y el medioambiente”, cuestionó Campero.

Señaló que autoridades en Perú pidieron que no se permita el ingreso de combustible desde Bolivia, por la contaminación que este genera.

El gobierno boliviano no estaría enviando los informes técnicos a Perú sobre la calidad de la gasolina y el diésel que se estaba llevando desde Bolivia hacia Perú.

La diputada dijo contar con la documentación necesaria, que son 20 certificados de calidad, los que indican que la gasolina y el diésel boliviano no cumple con los estándares de calidad.

Campero dijo que hay una seria duda sobre este tema, si en realidad el gobierno boliviano estaría subvencionando los carburantes para nuestro país, porque se esta comprando la peor gasolina y el peor diésel.

Considera que hay un vínculo entre autoridades del sector de hidrocarburos para la copra de combustible de pésima calidad.

Adelantó que se realizarán las acciones que sean pertinentes en contra de autoridades de la ANH, del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB.

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