Los empresarios cruceños rompieron el silencio 24 horas después de conocerse la “amenaza de muerte” lanzada por los interculturales de San Julián contra estos. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió ayer un comunicado en el cual pide a las autoridades frenar la violencia armada que fue desatada a raíz de los avasallamientos en Las Londras, provincia Guarayos.
El Gobierno descartó la presencia de grupos armados y solamente lo ve como hechos de violencia. Algunos especialistas vieron que con la presencia de estos grupos armados existen riesgos de subversión.
“Expresamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia y de la inseguridad jurídica para los bolivianos; no es posible que los ataques armados y las amenazas con armas de fuego se conviertan en una recurrente acción que pone en riesgo nuestra convivencia pacífica”, dice parte del documento de la CAO que fue colgado ayer en sus redes sociales.
El comunicado también recordó lo ocurrido en octubre de 2021, cuando un grupo de periodistas, policías y civiles fue retenido por el mismo grupo armado de avasalladores que estuvo en los hechos sangrientos del 2 de diciembre y que segó la vida de Félix Rivera Bellido.
“Esta tendencia alarmante debe ser atendida con la máxima seriedad y acciones decididas por parte de las autoridades correspondientes”.
Por ello, continuó la nota, se exige a las autoridades judiciales y gubernamentales que apliquen las leyes con rigor y sin demora, “sancionando a aquellos que infringen la paz” con estos actos de violencia y amenazas.
“Este es un llamado a la justicia, no solo para castigar a los culpables sino también para prevenir la escapada de agresiones que amenazan nuestro tejido social”.
En lo relacionado a las tierras, la CAO instó a la creación de un registro público que identifique a las personas que han ocupado ilegalmente las propiedades, tanto privadas como fiscales, con el fin de que estas acciones no queden sin las consecuencias legales pertinentes “y para asegurar que tales prácticas” no sean recompensadas ni legitimadas.
Hace unos días salieron a la luz dos videos en los cuales se ve a los integrantes de la Federación de Comunidades Interculturales San Julián Norte “condenar a muerte” a empresarios porque, según dicen, ellos serían responsables del fallecimiento de Rivera Bellido, además de las lesiones por bala que sufrieron otros ciudadanos producto del enfrentamiento por tierras en los predios Pailitas – Las Londras, provincia Guarayos del departamento cruceño.
En un segundo video, se vio a Nicolás Ramírez Taboada miembro de esa federación de interculturales y perteneciente a la comunidad 24 de Septiembre Pailitas – Las Londras, amenazar con el uso de armas fuego en represalia por la muerte Rivera.
Ramírez Taboada y Sixto Canaza Sacaca, quien aparece en el primer video, participaron en el secuestro de los periodistas y policías en Las Londras en 2021.
Por las amenazas del primero, la Fiscalía inició una investigación de oficio por el supuesto delito de instigación pública a delinquir. En tanto, en lo relacionado a Canaza; la abogada de los periodistas secuestrados, Raquel Guerrero, pidió a la Fiscalía solicitar una audiencia al juez del control jurisdiccional para que le revoque sus medidas sustitutivas, pues considera incumplió varias medidas impuestas.
“El Ministerio Público debería pedir la revocatoria de las medidas, porque en el video de la conferencia se demuestra que él está incumpliendo las medidas impuestas, es decir, el horario de arresto domiciliario y está incumpliendo también la orden del juez de acercarse a Las Londras, de liderar otra toma violenta y de acercarse a los otros implicados al estar con Nicolás Ramírez”, explicó la abogada.
Ante este pedido, el fiscal Róger Mariaca indicó que se realizará un análisis de las conferencias y las actividades en las que participó Canaza para verificar si incumplió con el horario de arresto domiciliario.
Por otro lado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exigió públicamente una acción inmediata de la justicia contra Ramírez, quien está siendo procesado por homicidio en grado de tentativa y uso de armas de fuego durante el secuestro de Las Londras.
“La ANP lamentó la actuación judicial contemplativa que alienta la impunidad en casos de violencia contra periodistas y medios de información. Ramírez fue identificado como autor de la agresión a policías y de haber pisado en el cuello al comandante policial coronel Rolando Torrico. Este martes, el procesado nuevamente entró en escena y amenazó con violencia en una disputa por tierras, y advirtió con el uso de armas”, dice el comunicado.
La presidente de los periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, expresó a la Unidad de Monitoreo de la ANP que la acción de los interculturales “es alentada por la falta de accionar del Gobierno para contrarrestar discursos y acciones que no corresponden a un estado de derecho”.
Respuesta del Gobierno
El vocero presidencial, Jorge Richter, descartó la posibilidad de que existan grupos armados e irregulares en Bolivia, pero aseguró que el Estado tiene que intervenir para frenar estos hechos de violencia provocados por los avasallamientos.
“Se habla así ya de capacidades armadas en grupos sociales de ciudadanos, eso no es aceptable, el Estado no lo permite. Entonces allí sí tiene que haber una intervención simultánea del Estado, de la Justicia, con sus diversas instituciones”, sostuvo Richter en una entrevista brindada a EL DEBER Radio.
También reconoció que el Estado está rezagado en cuanto a “reformas institucionales que acompañan la evolución que ha tenido la sociedad en los últimos años”. Y responsabilizó de ello a que, en varios casos, las instituciones estatales se desentiendan de sus responsabilidades y se las endilguen a otras sin que realmente exista una acción efectiva.
El abogado y excoronel del Ejercito, Jorge Santistevan, manifestó que los grupos armados que se dedican al “tráfico de tierras” están mejor organizados para tomar por la fuerza las tierras particulares y fiscales, porque este es “el tercer negocio más lucrativo” que tiene Bolivia, después del narcotráfico y el contrabando.
“Estas organizaciones criminales, que están actuando al margen de la ley, deben ser controladas y desarticuladas por el Gobierno nacional, junto con la Policía y las Fuerzas Armadas”, dijo Santistevan.
Por su parte el exviceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, dijo que no existe una política nacional en lo que viene a ser el tema tierra y agregó que el Gobierno nacional tiene que respetar las competencias departamentales como ser la Comisión Agraria Departamental (CAD).
“No hay una política transparente y responsable con este tema tan crítico, lo que amerita la impunidad de algunos grupos irregulares que reiteradamente están interviniendo y generando zozobra”, manifestó.
El Ministerio de Gobierno no se pronunció sobre el tema en la jornada de ayer.
