Osmar Arroyo/El Andaluz
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas indicó a El Andaluz que presentará en los próximos días una denuncia en contra del juez a cargo del caso Centro de Convenciones de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), por presunto favorecimiento a imputados.
El legislador nacional recordó que el 30 de enero del presente año, formalizó una denuncia ante el Ministerio Público, en contra la exautoridad de la UAJMS, por la resolución de contrato en la construcción el Centro de Convenciones, que provocó un daño económico a las arcas de la universidad.
Mencionó que presentó la denuncia en contra del exrector de la UAJMS, Gonzalo Gandarillas, por la presunta comisión de delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“Hemos denunciado a Gandarillas por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por las decisiones que se han tomado en la construcción del Centro de Convenciones de la universidad, Recordemos que es un edificio que debería ser destinado para un centro de convenciones muy grande y que actualmente está prácticamente botado al fondo de la universidad, allá en El Tejar, una infraestructura bastante grande que está a medio construir y que por decisiones del exrector esta obra se ha paralizado, pese a tener la recomendación de sus técnicos, donde le decían que no resuelva el contrato porque se va a generar un daño económico enorme a las arcas de la universidad, sin embargo, el toma la decisión de rescindir nomás y no le ha importado en lo absoluto”, expresó el legislador nacional.
Indicó, que en la actualidad la empresa que estaba a cargo de la construcción de la infraestructura, ya se hizo pagar con la universidad más de 7 millones de bolivianos para el resarcimiento de daños y perjuicios, por la rescisión del contrato.
Remarcó, que esos recursos afectan de manera considerable las arcas de la universidad pública.
Proceso penal
El diputado Rosas indicó que lamentablemente no estaría yendo por buen camino el proceso en contra de la exautoridad, por los daños generados al Estado.
Indicó que el Ministerio Público cumplió con su trabajo a través de una comisión de fiscales anticorrupción que decidieron presentar la imputación formal, el pasado 14 de junio.
“Lamentablemente el juez, ¡después de un mes de que presenta la imputación el Ministerio Público recién le comunica a la víctima”, apuntó.
En este caso la víctima es la universidad, a partir de ello recién se puede presentar cualquier trámite o documentación en el caso.
El legislador nacional indicó que el juez se tomó su tiempo para convocar a las partes para la audiencia de medidas cautelares.
Recordó, que el Ministerio Público, solicitó al juez medidas cautelares contra los imputados, de carácter real y personal.
Solicitaron en la imputación que se embargue bienes de los investigados, que se congele sus cuentas.
Para el diputado, la demora del juez, hizo que los imputados en este caso, tengan tiempo de limpiar todas sus cuentas bancarias, de deshacerse sus bienes y en la actualidad no tendrían nada a su nombre.
“Actualmente no tienen ni un alfiler a su nombre”, agregó el diputado.
Considera que se actuó de esa manera para evitar que en caso de que se determine la culpabilidad de los imputados, no puedan resarcir los daños ocasionados.
“Entonces entendemos que lamentablemente hay un favorecimiento del juez”, indicó Rosas.
Indicó que se presentaron varias situaciones durante el proceso, audiencias cautelares postergadas, se separó las audiencias de los imputados, cuando la causa era la misma.
El diputado dijo que el juez por último tomó la decisión de volver a foja cero en el proceso y ha exigido al Ministerio Público que cambie la imputación.
Ante esa actitud, Rosas apuntó al juez por favorecer a los imputados, lo que remarcó que deja mucho que desear y anunció que se realizarán varias acciones ante esta situación.
Mencionó, que como legislador nacional, se harán varias Peticiones de Informe Escrito (PIEs) para que se responda varias interrogantes.
También anunció que se presentará una denuncia administrativa en contra del juez, ante el Consejo de la Magistratura, por favorecer a los denunciados, en un proceso por hechos de corrupción.