Osmar Arroyo/El Andaluz
La concejal municipal de Tarija, Raquel Ramos indicó a El Andaluz que están a la espera de una información oficial por parte del ejecutivo municipal sobre la rescisión de contrato con la empresa a cargo del proyecto construcción del puente 4 de Julio.
Señaló que en el proyecto se tienen irregularidades, por dos contratos modificatorios que no fueron aprobados en el Concejo Municipal y en los que se eliminaron dos ítems.
La concejal recordó que la normativa establecía que los contratos modificatorios debían aprobarse por el Concejo Municipal, pero no ocurrió de esa forma.
Uno de los contratos modificatorios se firmó cuando Rodrigo Paz Pereira estaba como alcalde de Tarija y el segundo contrato modificatorio cuando Alfonso Lema estaba como alcalde interino de Tarija.
Mencionó que uno de los ítems eliminados fue el de iluminación y el otro ítem el de los accesos.
El ítem de iluminación tenía un presupuesto de aproximadamente un millón de bolivianos.
Explicó que si bien la Ley 033 fue modificada, cuando se hicieron los dos contratos modificatorios, la norma establecía que estos fueran aprobados por el Concejo Municipal.
Remarcó que se trata de una obra millonaria y que esos recursos se podían haber invertido en otras necesidades de la población, como proyectos de agua potable y alcantarillado.
Recordó que en pasados días, el exalcalde y ahora senador Rodrigo Paz hizo referencia al proyecto del puente 4 de Julio, argumentando que se pago un estudio para ejecutar la obra, sin embargo, Ramos dijo que al momento de iniciar con la ejecución física se cambiaron los ítems del proyecto, se hicieron modificaciones al proyecto original y no ingresaron al Concejo Municipal para su aprobación.
La concejal dijo que se siente “una vergüenza ajena” por el gasto de tantos recursos en una obra de esas características.
El proyecto se ejecutó con recursos propios del Gobierno Municipal de Tarija, dinero que Ramos dijo que podía invertir en otras necesidades más grandes que se tienen en el municipio.
Reiteró que cuando se hizo el primer contrato modificatorio del proyecto, Rodrigo Paz Pereira se encontraba como alcalde de Tarija y Alfonso Lema era presidente del Concejo Municipal.
Para Ramos, Lema debería haber hecho la fiscalización del proyecto para que el contrato modificatorio pase por el Concejo Municipal, pero no lo hizo.
“Ahora vemos que todo queda entre compadres”, expresó la concejal municipal.
La concejal dijo que al momento no se tiene una voz oficial sobre la rescisión de contrato y tampoco se tiene información si es que se ejecutaron o no las boletas de garantía.
En caso de que no se cobrará todavía las boletas de garantía, la concejal indicó que solicitará que directamente se inicie con una auditoría al proyecto.
Por su parte, el senador por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Caso indicó a El Andaluz que también se encuentran a la espera de una posición oficial del Gobierno Municipal de Tarija para poder emitir un criterio sobre el proyecto.
Cobro de multas
Por otra parte, la concejal municipal indicó que las multas acumuladas son aproximadamente de 14 millones de bolivianos y que el cobro de las mismas se las debe realizar por planillas.
Ramos dijo que en la última inspección que realizó a la obra no le informaron que ya se había rescindido el contrato con la empresa Convisa a cargo del proyecto.
Reiteró que hasta el momento no se tiene una información oficial de la rescisión del contrato, ni tampoco se conoce de qué manera se recuperarán los recursos económicos, ni de la ejecución de las boletas de garantía.
Para Ramos no se ha precautelado el 20 por ciento para recuperar los recursos económicos a favor del municipio.
Sobre las boletas de garantía indicó que una es de 4.400.000,00 bolivianos y las otras dos son de 5 millones de bolivianos, en total alrededor de 9 millones y medio de bolivianos.
Sobre el cobro de las multas, del 20 por ciento del costo total de la obra, la concejal dijo que la ejecución financiera del proyecto llega al 86 por ciento, es decir que ya se le habría cancelado 63 millones de bolivianos y sólo quedaría un saldo de 10 millones de bolivianos, pero las multas acumuladas llegan a un aproximado de 14 millones de bolivianos.
Explicó que las multas deben cobrarse por planilla, pero no se tiene un 20 por ciento por pagar, solo un 14 por ciento por pagar, es decir que sólo ese porcentaje se podrá recuperar por planillas de las multas que adeuda la empresa a cargo del proyecto.
La concejal dijo que esa situación preocupa, porque se debía haber previsto esa situación, para pode recuperar los recursos.
Señaló que cuando realizo la última inspección, el supervisor de la obra acompaño el trabajo, pero no le informó sobre la rescisión de contrato y seguían trabajando en la obra.
Considera que se debía hacer un corte en los trabajos en el momento de la rescisión del contrato y en ese mismo momento se debía ejecutar las boletas de garantía de la empresa.
Dijo que la ejecución física según la empresa llega a un 94 por ciento, pero según el Gobierno municipal a un 95 por ciento.
Para Ramos con ese porcentaje de avance físico en la obra, ya se deberían tener instaladas los tensores, pero ni si quiera están en Tarija.
Recordó que se pago para los tensores un 70 por ciento, 4. 400.000,00 bolivianos, pero ella considera que se debería haber pagado solo un 30 por ciento.
“Para cobrar el tema de multas se tiene que hacer a través de planillas”, reiteró.
Dijo que se tiene una situación incierta sobre el cobro de las multas a la empresa, cuando se tiene por recuperar menos de los que se acumuló por multas, por retraso en la ejecución de la obra.
Ciudad inteligente
Por otra parte, la concejal también hizo referencia al proyecto “Ciudad Inteligente” y lamentó que el exalcalde Rodrigo Paz dejará a Tarija con tres proyectos millonarios, pero fue premiado ahora como senador.
“Es lamentable para los tarijeños tener otro proyecto millonario”, apuntó.
Indicó que se encuentra a la espera de documentación del proyecto para pronunciarse al respecto.
Remarcó que el proyecto no cubre las expectativas, más aún cuando se necesita mayor seguridad y se incrementa la inseguridad en Tarija.
