La expresidenta Jeanine Áñez solicitó el miércoles a los líderes de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y Creemos, Luis Fernando Camcaho, viabilizar un juicio de responsabilidades por las proposiciones acusatorias que se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El expresidente y el gobernador de Santa Cruz respondieron, cada uno de su parte, a la propuesta de la exmandataria y ya sostuvieron un primer acercamiento, según reveló este jueves Mesa.
El líder de CC informó que sostuvo una conversación por teléfono con su par de Creemos y que se comprometieron a coordinar acciones para atender el pedido de Áñez, pero aclaró que la “viabilización” del juicio “está en la cancha del MAS”.
“Hemos tenido con Luis Fernando Camacho una breve conversación telefónica el día de ayer (por el miércoles), hemos comentado ambos la situación de la carta que habíamos recibido y hemos llegado a la conclusión de que cada una de las fuerzas dará una respuesta como la dimos cada uno por su parte, estableciendo la necesidad y el compromiso de una coordinación en función de cómo se desarrollan los acontecimientos”, indicó el exmandatario en una entrevista con Radio Compañera.
Agregó que la viabilización no solo depende de “la acción del MAS”, sino también de la “voluntad política de la transformación del proceso de justicia y el sistema judicial en su conjunto”.
Así, Mesa reforzó su pedido anterior de concretar una reforma de justicia antes de llevar a Áñez a un juicio de responsabilidades. “Estamos proponiendo un cambio inmediato de los operadores de justicia”, agregó.
También cuestionó las contradicciones en el MAS, que inicialmente promovió las proposiciones acusatorias en contra de la exmandataria y que ahora no está a favor de viabilizar este proceso
“La proposición acusatoria la hizo el MAS y por supuesto, lo que está demostrando es que no quiere justicia”, indicó Mesa.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentran estancados los trámites para los juicios de responsabilidades contra Áñez por el crédito del FMI, Fundempresa, un decreto emitido en la pandemia que está supuestamente en contra de la libertad de expresión y la presunta vulneración de derechos de residentes bolivianos en Chile que buscaban retornar al país durante la cuarentena.
Correo del SUR
