Osmar Arroyo/El Andaluz
La comisión de Pueblos Indígenas y Cultura de la Cámara de Diputados el pasado lunes y martes estuvieron en Tarija y visitaron las comunidades guaraníes que fueron afectadas por el aluvión en el municipio de Entre Ríos.
La presidenta de la comisión, la diputada Elena Pachacute informó a El Andaluz que dentro de sus atribuciones de fiscalización realizaron una inspección en las comunidades, en donde pudieron evidenciar que persisten las principales necesidades, vivienda salud, entre otros temas.
Visitaron las siete comunidades afectadas por el aluvión el pasado 21 de febrero por la madrugada, cuando una quebrada se desbordó y afectó las viviendas de las familias guaraníes.
Señaló que la comisión delegó una comitiva con una diputada de Comunidad Ciudadana y otra diputada del Movimiento al Socialismo (MAS).
Después de realizado el informe, ahora se presentará un informe del trabajo de fiscalización.
Pachacute indicó que se busca elaborar el informe lo más inmediato posible, para luego hacer el uso de instrumentos legislativos de información para hacer Peticiones de Informe Escritos (PIEs) y Peticiones de Informe Oral (PIOs) a las autoridades que correspondan.
También se agendarán reuniones con instituciones como la Agencia Estatal de Viviendas, que hasta el momento no habría cumplido con el compromiso de construir viviendas para las familias afectadas por el aluvión.
También indicó que no se generaron las condiciones necesarias en cuanto a salud a favor de los damnificados.
Otro de los temas pendientes es la construcción de una escuela para los niños de las comunidades, la que había fue destruida por el aluvión.
Sobre estos temas, dijo que se pudo recabar información de los Capitanes Grandes de las comunidades y también información del alcalde de Entre Ríos, Teodoro Suruguay, quién facilitó un informe escrito acompañado de CDs de proyectos que solicitaron las comunidades.
Toda esa información será contrastada por la comisión para emitir un informe del trabajo de fiscalización.
La presidenta de la comisión dijo que el alcalde de Entre Ríos habría enviado notas para la construcción de la escuela, pero habría recibido una repuesta negativa por parte del Ministerio de Educación, que no podrá coadyuvar para ejecutar el proyecto.
Viviendas
Pachacute indicó que se solicitó la construcción de 56 viviendas para las familias damnificadas, pero también existen familias que tienen viviendas en riesgo, que piden que también se pueda brindar apoyo desde la Agencia Estatal de Viviendas (AEV).
La diputada dijo que a dos meses después del aluvión del pasado 21 de febrero las familias afectadas continúan viviendo en carpas y en condiciones precarias.
Remarcó que muchas familias tienen niños y ancianos, que se encuentran a la intemperie y en situación de riesgo.
Considera inconstitucional las condiciones en las que viven en la actualidad las familias guaraníes.
“Son derechos internacionales lo que están exigiendo”, expresó.
Reubicación
La diputada indicó que también es importante que se pueda trabajar en la reubicación de las comunidades, para construir las viviendas, ese tema se debería trabajar por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en coordinación con el municipio, para dotar de los nuevos terrenos.
Indicó que es importante que se pueda reubicar las comunidades, porque la Agencia Estatal de Viviendas podría indicar que no se tienen los terrenos para construir las viviendas y postergar aún más el proyecto.
En la actualidad la mayoría de las familias están en el mismo lugar donde estaban sus viviendas, pero viven en carpas y con mucho temor.
A mediano y largo plazo se tiene que ver de reubicar las viviendas.
Alguna de las comunidades, dijo que ya habrían tomado una decisión y ya contarían con los terrenos para la construcción de las viviendas.
“No quisiéramos que pongan peros”, apuntó.
Remarcó que el dotar viviendas sociales a familias damnificadas es una política de Estado y se lo hizo en otros departamentos, por lo que insisten en que estas familias puedan acceder al beneficio.
Lamentó la ausencia al trabajo de inspección de la Agencia Estatal de Viviendas, instituciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Mencionó que enviaron como unas 10 notas y del Gobierno solo asistieron funcionarios de Defensa Civil.
