(Roberto A. Barriga/El Andaluz)
Gabriel Pérez, ejecutivo del transporte sindicalizado de Tarija, instó a iniciar procesos legales en contra de ex autoridades de la Gobernación por la mala administración del fondo rotatorio, recursos que fueron utilizados sin respaldo alguno.
“Lastimosamente hicimos cuentas y sacaban sin respaldo, nunca nos han dado respuesta” explicó Pérez. Y Anunció que decían que no había fondos y “ellos se los sacaban”.
Según la ley publicada el 2007 se autoriza a la Prefectura del Departamento de Tarija, después gobernación a financiar, desarrollar y ejecutar directamente y a través de las Subprefecturas y Corregimientos Mayores, el Proyecto de transformación de todo el parque automotor de este Departamento a Gas Natural Vehicular (GNV), con recursos económicos propios, a través de la constitución de un Fondo Rotatorio.
Es decir, Pérez indica que a partir de este programa se desvió dinero para otros fines.
La semana pasada el asambleísta, Damián Castillo, indicó que se pidió un informe escrito a la Gobernación de Tarija, para saber a dónde fueron los recursos del Fondo Rotario.
“Como asambleístas dentro de la Comisión de Hidrocarburos se ha presentado un PIE a la secretaria de Finanzas para que nos hagan conocer cómo se ha gastado la plata en las anteriores gestiones en lo que respecta al Fondo Rotatorio”, ha informado el asambleísta departamental por Unidos Damián Castillo.
A tiempo de asegurar que se destinó a otras cosas ese dinero, por lo que hubo un delito.
“Lamentablemente nosotros preocupados como sector del transporte puesto que vemos que la plata la han destinado en otras cosas y no en lo que dice la ley, esperamos que hasta el día lunes ya tengamos esta información y haremos conocer a los compañeros del transporte y al pueblo en general” expresó.
El fondo rotario también eran recursos destinados a otorgar créditos de capital de operación e inversión, previa presentación de un plan de negocios y/o proyectos con factibilidad de negocio sostenible, que incentiven la producción, productividad y competitividad de los sectores productivo, agropecuario, artesanal y de la pequeña y mediana agroindustria e industria regional, de la Provincia de Gran Chaco del Departamento de Tarija.
Y también recursos que facilitan el acceso de los actores económicos a un crédito de fomento para contribuir al desarrollo económico del Departamento de Tarija en todos sus ámbitos. Los recursos son destinados a capital de inversión, operación y los beneficiarios principales son micro y pequeñas empresas, pequeños productores, trabajadores gremiales minoristas, trasportistas, artesanos, trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas unipersonales.
Antecedentes
A principios de septiembre el País publicó que el Ministerio Público emitió la acusación formal en contra del ex gobernador Adrián Oliva Alcázar, en el caso denominado materno infantil, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes e incumplimiento a acciones de defensa mediante un amparo constitucional. Se espera que el juzgado que lleve la causa fije la fecha de juicio oral.
Este proceso surgió a raíz de que la empresa constructora Combolat, a cargo de la supervisión de la construcción del hospital Materno Infantil en 2016, denunció que el ex ejecutivo departamental se habría rehusado a cumplir la sentencia constitucional que obligaba a la entidad a retirar la publicación del Sicoes donde aún figuraba como empresa responsable, aún luego de habérsele resuelto el contrato. Esto habría significado un perjuicio para dicha empresa, que no pudo postular a otras obras.
“La empresa tenía que hacer la supervisión del Materno Infantil y se le resolvió el contrato sin respetar los procedimientos administrativos. La Gobernación ordenó que al momento de resolver este contrato, se mantenga la publicación en el Sicoes, lo que le impidió (a la empresa) por nueve meses participar de una convocatoria pública”, dijo el abogado de Combolat, Gilbert Muñoz Ortiz.
El exfiscal de Distrito de Tarija en el 2017, Aymoré Donoso, informó que el Ministerio Público emitió dos imputaciones formales contra el gobernador de ese departamento, Adrián Oliva, y algunos funcionarios del Servicio Departamental de Caminos (Sedecam), por los delitos de uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado, debido a presuntos hechos de corrupción en proyectos camineros.
El Fiscal precisó que el primer caso es investigado por una denuncia que presentó, en enero, el asambleísta, Rubén Velasco, sobre una posible adquisición irregular de llantas para el proyecto Iscayachi-Final Copacabana.
