Osmar Arroyo/El Andaluz
En una primera instancia el proyecto de Ley para el pago de impuestos a los servicios digitales, tuvo un rechazo contundente por parte de la población, por la falta de socialización de la norma y por temor a que se afecte al usuario final.
El proyecto de Ley fue aprobado en comisión y la semana pasada desde el Movimiento al Socialismo (MAS) se retomó el debate del proyecto.
El tema se trataría en sesión camaral durante esta semana, según se informó en una publicación de Página Siete.
El diputado Edwin Rosas indicó a El Andaluz que algunos parlamentarios tarijeños también apoyaron el proyecto de ley que fue rechazado por toda la población.
Remarcó, que no se puede generar economía cuando se quiere sacar un nuevo impuesto a la población.
Remarcó, que muchas familias hacen el esfuerzo para cubrir los gastos para el acceso a las clases virtuales de sus hijos y no podrán asumir un nuevo impuesto que se pretende aprobar.
Considera, que será el pueblo el que no permitirá que se apruebe el proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).
“Esta claro que en definitiva, no es el momento de poder sacar impuestos”, apuntó.
Señaló, que las empresas no se harán problemas con el impuesto a los servicios digitales y le pasarán el costo al usuario final.
Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve), Edwin Arana informó para las Noticias de Tarija que los impuestos que se quieren cobrar a los servicios digitales, no están de acorde a la realidad que se vive y por eso la gente ya lo rechazó.
Gran parte de la población atraviesa por una situación muy crítica por la pandemia del covid 19 y querer poner un nuevo impuesto, sea de donde venta, siempre será rechazado.
Arana considera que el tratamiento del proyecto de Ley debería paralizarse por el momento.
Aseguró, que no se permitirá que se apruebe un nuevo impuesto, porque afectará a la población.
Pide que primer se solucionen los problemas que se tienen en el servicio de internet en el país, antes de que se quiera iniciar con el cobro del impuesto a los servicios digitales.
