El Andaluz / Yacuiba
El alcalde Yacuiba, Ramiro Vallejos, sostuvo ayer que el proceso de licitación de las pantallas para el alumbrado público es transparente y cuestionó a la concejala Ana María Soria por defender a la empresa denunciante, debido a que ésta incurre en una supuesta intimidación contra los responsables del proceso de adquisición, con el fin de conseguir el contrato.
“La concejala Ana María Soria ha realizado declaraciones muy tendenciosas, incluso anticipándose al envío de la carpeta sobre al programa de adquisición de pantallas destinadas al alumbrado público que hará el Ejecutivo (al Concejo). Esto nos da a entender, no quiero afirmar, que estaría oficiando como abogada de alguna empresa que nos cuestiona (…) ella está yendo a suposiciones que carecen de fundamento”, expresó Vallejos.
Al respecto, el burgomaestre explicó que el proceso data de 2019, año en el que se concluyó un informe técnico de requerimiento y el cual precisó que el municipio requería de 5.000 pantallas de tres tipos para el área urbana. Ese mismo año, se envió el documento al Concejo Municipal, que a través de la Resolución Municipal 165/2019, del 4 de diciembre de 2019, declara como prioritaria la ejecución de dicho proyecto con el fin de aminorar los costos elevados que la alcaldía paga a Setar (Servicios Eléctricos de Tarija).
La necesidad surge en medio de una disputa legal entre la Alcaldía de Yacuiba y Setar, pues los segundos afirman que la municipalidad debe pagar por el servicio de luz eléctrica de 13.000 pantallas de alumbrado público, cuando una auditoría edil contabilizó 9.000 aparatos, de las cuales no funciona al menos el 30%.
La documentación fue presentada al FNDR el 2019 y aprobada el mismo año. Sin embargo, debido a los conflictos sociales y políticos que vivió el país ese año, el proceso fue paralizado, pero reactivado en el 2020, pues el 8 de enero se firmó un contrato de préstamo de Bs 12.819.792 (74,16%). La contraparte la puso la alcaldía, con Bs 4.466.420 (25,84%). El préstamo tiene un plazo de siete años, el periodo de gracia de un año y una tasa de interés anual del 4%.
Con todo ello se pasó a la licitación, a la que se presentaron seis empresas, pero a la inspección solo se presentaron dos y ninguna era la empresa de Petrona Fernández, que fue la que presentó la denuncia de un supuesto “direccionamiento”.
