(Roberto A. Barriga/El Andaluz)
German Vargas, padre de la militar asesinada Zulma Vargas, indicó que el juicio por el feminicidio de su hija seguirá curso este jueves 11 de marzo, contra el supuesto asesino, capitán Víctor Alberto Cossio Cuellar, quien fue acusado por el doloso delito tras la testificación de testigos.
Vargas indicó que se espera que se pueda dictar sentencia condenatoria contra el que fue jefe de seguridad de Evo Morales, Capitán Cossío Cuellar, cargo que impidió que hasta ahora su hija encuentre justicia declaró el padre de la víctima.
EL padre de la víctima indicó que existe una versión que trata de encubrir el crimen hacia su hija, supuestamente el rio se la habría llevado y esto causo su muerte, sin embargo, las pericias indican que no sería posible.
“A Zulma no la llevo el rio San Mateo, ni el rio Chapare” aseguró el padre de la víctima, German Vargas quien sigue de luto por su hija, indicó se utilizó un vehículo presidencial para trasladar el cuerpo, se utilizó el pretexto de la llegada del rio, además puntualizó que Zulma no tenía lesiones de cortes o golpes ocasionados por el choque de objetos en ninguna parte del cuerpo, lo que demuestra que no fue arrastrada por el rio, tampoco su ropa estaba malograda. Lo que, si poseía su difunta hija, eran golpes en la cabeza producto de la mano de alguien, además que sus uñas habrían atacado a alguien en defensa según las pericias comentó afligido.
Vargas indicó que el capitán, Cossio Cuellar, tenía lastimaduras de rasguños tras el suceso, reiteró que es él el agresor y sospecha que existe encubrimiento en el suceso que le arrebató a su hija.
“Me parece que tiene mucha protección y hay algo entre medio, inclusive me hace pensar que este señor era el autor material. Porque este capitán, de acuerdo al relato de los testigos y los hechos de investigación, después de dar muerte a Zulma se fue a Chimoré y llegó solo al hotel Mirador sin el chofer, se llevó a mi hija en el vehículo para que no encuentren su cuerpo en el río, donde terminó por dejarla finalmente, no ha tenido ningún tipo de sentimiento hacia mi hija, es por eso que después de asesinarla salió del río sin pedir ayuda y se fue a cambiarse para luego regresar allí” dijo ante medios de comunicación.
Desde el 2018 German Vargas pide justicia para su hija y que el caso no sea encubierto, a pesar de tener pocos recursos tiene la esperanza de que se encontrará justicia para Zulma Vargas, a quien se al asesinó de manera brutal según se trata de demostrar en el juicio.
Antecedentes
Zulma Vargas Cortes, de 29 años, murió en circunstancias confusas en Villa Tunari, donde fue vista por última vez en compañía del capitán de Ejército, Víctor Alberto Cossio Cuellar, según testigos. El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado en el río San Mateo, en inmediaciones del hotel Mirador, donde estaban hospedados junto a otros funcionarios del Ministerio de la Presidencia.
Vargas llegó al Trópico de Cochabamba como parte de una comitiva oficial y tras cumplir con su labor, había salido a compartir bebidas alcohólicas el viernes por la noche junto a dos amigas, dos militares y un conductor, todos funcionarios públicos, informó el comandante de la Policía de Cochabamba, Vladimir Pol.
Según el reporte policial, el grupo compartió bebidas alcohólicas hasta la madrugada del sábado luego retornó al hotel. Las dos amigas se fueron a dormir y la ahora fallecida funcionaria de Presidencia, se quedó con el militar. Más tarde, la pareja fue vista por otros huéspedes en el río, aproximadamente a las 7:00.
Los datos preliminares detallan que los golpes que presenta el cráneo de Zulma se produjeron antes de su fallecimiento. Por esa causa está detenido el capitán con el que se quedó mientras sus amigas se fueron a dormir. El uniformado está detenido por el presunto homicidio de la funcionaria del Ministerio de la Presidencia.
«Las lesiones que presenta en el cráneo son anteriores a su fallecimiento, eso es lo que está en proceso de investigación, porque tenemos que compatibilizar con la versión de los testigos», afirmó el entonces director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, Jhonny Corrales.
Feminicidio
La Fiscalía de Cochabamba tipificó el caso como feminicidio y se tomó muestras del cuerpo de la víctima para que sean sometidas a pericias, por las sospechas de que pudo haber sido sometida a un abuso sexual. Además, se indaga si ambos tenían una relación de pareja o solo eran compañeros de trabajo.
Bolivia el país con mayores índices per cápita de feminicidios de la región
Por Natalia Romero
El 30 de diciembre de 2019, una mujer murió en Potosí, en el sur de Bolivia, por la explosión de una carga de dinamita que su pareja detonó intencionalmente. Ella fue la última de 117 mujeres víctimas de feminicidio en Bolivia en 2019, según la Fiscalía General de ese país ene se entonces.
La cifra es inferior a los 130 casos registrados en 2018; sin embargo, para el exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa, “son vidas que se han perdido, y debe llamar a la reflexión a todos”.
“Son muchos los factores que están detrás de cada una de las muertes, como el tema del machismo, la discriminación por solamente ser mujer, intolerancia y falta de respeto”, reflexionó el fiscal en un comunicado.
Los expertos y las ONG en Bolivia coinciden en que las causas van más allá y están fuertemente arraigadas en la cultura. Guillermo Dávalos, investigador de la Fundación Sepa, una ONG encargada de asuntos de niñez y género en Bolivia, aseguró, en diálogo con EL TIEMPO, que “el trasfondo del feminicidio en Bolivia, como en otros países, está en que es una sociedad profundamente patriarcal, con niveles muy altos de inequidad de género y una presencia manifiesta de esto desde la pequeña infancia en los patrones de educación machistas”.
Sumado a ello, Primitiva Martínez, directora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer en Bolivia, le dijo a este diario que “la mayoría de los casos están asociados a graves problemas de alcoholismo de las parejas de las mujeres asesinadas”. Si bien no hay estudios que certifiquen la correlación de la violencia machista con los problemas de alcoholismo, los expertos coinciden en que este es un factor que potencia las conductas violentas domésticas, pues es en el ámbito del hogar donde se da en mayor medida el delito del feminicidio.
Dávalos agrega que los patrones comunes se agravan si se añade un nivel socioeconómico bajo. Si bien atraviesan todos los niveles, “en hogares con mayores carencias la discriminación y el maltrato se manifiestan de maneras más crudas”. Y, sin duda, para el sociólogo “son patrones de conducta generados desde la educación, que son transmitidos de generación en generación”.
Marcelo Arequipa, politólogo y profesor de la Universidad de San Andrés, asegura que esto lo explica que la principal falla del gobierno de Evo Morales y del actual ha sido poner el foco “en la sanción y no en la prevención” de este delito, que solo se tipifica como tal desde el año 2013. Al respecto, Guillermo Dávalos considera que en Bolivia se ha hecho “mucha propaganda” sobre los cambios educativos, pero en realidad “en Bolivia la educación es arcaica”.
“El sistema sigue siendo basado en un sistema vertical autoritario, repetitivo, homogeneizador, antidemocrático, y en medio de eso se habla de promover la equidad de género; pero no está incorporado a la práctica educativa”, critica el sociólogo. Y añade que el cambio “no se trata solo de enseñar, sino de formar, de practicar esas conductas desde el aula”.
En Bolivia, además de la falta de prevención, hay altas tasas de impunidad. De los 117 casos de feminicidio registrados en 2019, solo 22 tienen sentencia condenatoria por procedimiento abreviado, 10 se extinguieron por muerte del agresor e igual número cuenta con acusación formal, 52 con imputación, 18 están en etapa preliminar y cuatro con rechazo, según detalló la Fiscalía.
El fiscal general sostuvo que el Ministerio Público trabaja “en la persecución penal de feminicidios para no permitir que queden impunes”. De hecho, desde 2013 Bolivia tiene vigente la Ley 348, que protege a las mujeres de “todo tipo de violencia” y castiga el feminicidio con 30 años de prisión, pena máxima de la legislación boliviana.
