¿Quién ordenó escoltar a Petrobras a Tariquía si no fue Rodrigo Paz? Esa es la pregunta que resuena en Tarija y en todo el país, luego de que el Presidente negara categóricamente haber autorizado la exploración de un pozo gasífero dentro de la reserva. Mientras un fuerte contingente policial intervenía en la zona alegando “órdenes superiores”, Paz calificó las denuncias como “ataques políticos” que utilizan el medio ambiente como excusa. Esta contradicción pone bajo la lupa a toda su cadena de mando: el Ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía.
La negación del Presidente: “Eso no es verdad”
Paz aseguró que su gobierno mantiene un “compromiso absoluto” con el medio ambiente y criticó a “algunos políticos” por utilizar este tema con fines electorales. “Vamos a desarrollar muchos pozos en Bolivia, sí, para que la economía salga adelante, pero sin violar normas, sin violar el medio ambiente, cumpliendo la Constitución”, remarcó.
Esta versión es respaldada por la empresa Petrobras, que en un comunicado informó que su proyecto exploratorio Domo Oso X-3 se encuentra localizado fuera de los límites de la reserva.
La contradicción: la Policía actuó con “autorización del Presidente”
La negación presidencial choca frontalmente con lo ocurrido en el terreno. Un numeroso contingente policial llegó al punto de vigilia de los comunarios para abrir paso a la maquinaria de la petrolera. Los efectivos fueron explícitos al justificar su accionar.
Según reportaron medios locales, uno de los oficiales manifestó a los defensores ambientales: “Tenemos una orden y le pediría, en forma pacífica, que permita el ingreso de la caravana de vehículos”. Ante los reclamos de los comunarios, quienes recordaron a Paz sus promesas de proteger la reserva, el efectivo respondió: “Tengan o no tengan, yo llevo la instructiva directa y es el respaldo de ellos (del Gobierno), porque ellos tienen que hacer esa exploración”.
¿Quién dio la orden? La cadena de mando, en la mira
Si el Presidente niega haber autorizado la intervención, la responsabilidad recae inevitablemente en su cadena de mando. De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la Policía Boliviana depende del Presidente del Estado, quien ejerce su autoridad a través del Ministro de Gobierno. La máxima autoridad operativa es el Comandante General de la institución.
Esto deja solo tres escenarios posibles:
- El presidente Rodrigo Paz mintió en su declaración pública y sí autorizó la intervención.
- El ministro de Gobierno, “Tuco” Oviedo, actuó por cuenta propia, excediendo sus atribuciones.
- El Comandante General de la Policía ejecutó una orden sin el conocimiento o aval del nivel político superior.
El vicepresidente Edmand Lara, ya en abierta oposición, ha vinculado este tipo de acciones con el polémico Decreto 5503, que —según sostiene— pone los recursos naturales a disposición de transnacionales. Además, anunció la presentación de un proyecto de ley para “poner un alto a esos decretos inconstitucionales”.
La falta de claridad sobre quién dio la orden en Tariquía profundiza la crisis de confianza y agrava la fractura en la cúpula del poder.
