Osmar Arroyo/El Andaluz
Tras la aprobación de la Ley del 45%, para la redistribución de las regalías petroleras, diferentes sectores y autoridades del Chaco se pronunciaron en rechazó a la Ley y conformaron un Comité de defensa del 45% de la región autónoma.
El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano indicó a El Andaluz que autoridades, instituciones y la representación de la población se organizaron y crearon un Comité de defensa del 45 por ciento.
Dentro del comité se confirmaron comisiones de trabajo, la comisión jurídica, comisión política y la comisión social, para trabajar en cada una de las áreas y tendrán una primera reunión del Comité de defensa este lunes a las 16:00 horas, en predios del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Remarcó que, si bien, el proyecto de Ley fue aprobado en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), aún no ha sido promulgada y no se conoce, cuál será la postura del gobernador de Tarija, Oscar Montes, si lo promulgada o no.
«Mientras ocurra aquello, mañana nos estamos reuniendo (por hoy) las comisiones, el Comité de Defensa, para justamente trabajar, hay abundante legislación, razones para defender nuestro 45 por ciento», aseveró.
Medrano cree que se iniciarán con acciones jurídicas legales, señalando que es la más importante, que no les interesa la confrontación, ni la pelea.
Mencionó que la gente de Bermejo y Padcaya, al parecer están optando más, por la presión social.
«Además, del proyecto de Ley, no hemos conocido ningún documento, ninguna posición debidamente sustentada, técnica, jurídicamente. Lo único que ellos defienden es ese proyecto de Ley», expresó.
Como ejemplo, señaló que, para fundamentar, justificar, hablar de un porcentaje, de un 45%, con que base, preguntó, ¿Cuál es el respaldo?, y dijo que la región chaqueña tiene el respaldo técnico, legal y social, territorio, población, producción de los Hidrocarburos.
Recordó que son casi 100 años de actividad hidrocarburífera en el Chaco, que en la región funcionó la primera refinería de petróleo y que se tienen los fundamentos correspondientes para demostrar, por qué el Chaco defiende el 45%.
Considera que, no necesariamente se deben centrar en el momento actual, que también se debe tomar en cuenta la situación en años pasados.
Mencionó que hace unos 15 años, la región chaqueña fue el único sostén económico del país y que ahí, se entregaron recursos, no solo al departamento, también al país.
«La región chaqueña, con su producción de hidrocarburos, con los consiguientes efectos y daños ambientales, pasivos ambientales y nunca nos hemos quejado de eso, si, no ha sido sencillo, no ha sido fácil para el Chaco, conquistar su 45%. Después de 100 años de explotación hidrocarburífera en la región chaqueña», explicó.
Para Medrano, los municipios que exigen la Ley, se están situando en el momento actual, que hay poco gas, poca producción, en el escenario actual.
Cómo región, dijo que pedirán que se haga el análisis de todo el ciclo de la producción hidrocarburífera, reiterando que ahí, está la justificación.
«Ellos, porque se están convirtiendo en provincias productoras, que nos parece muy bien, que estamos muy contentos por aquello y que nos parece que con justicia, ellos reclamen también, su derecho a regalías. No tenemos la culpa que las cinco provincias restantes del departamento de Tarija, hayan aceptado y hayan venido aceptando, que el 55% que recibe el departamento de Tarija y el 45% el Chaco, que suman el 11% a nivel nacional, lo haya manejado el gobernador del departamento», agregó.
Explicó que toda la legislación está, para que, además del Chaco, el único que pueda administrar las regalías en Tarija, es el gobernador.
Dijo que la asignación del 45% para el Chaco y una autonomía, legalmente establecido por leyes nacionales y respaldado por la Constitución Política del Estado (CPE), al crear la primera región autónoma de Bolivia.
«En cambio, la estructura de distribución y manejo de recursos en el departamento, no está, como establece ese proyecto de Ley, si bien ha sido aprobado en la Asamblea, falta su promulgación, pero asigna recursos a los municipios y no hay ninguna norma departamental o nacional que respalde aquello, lo que hace al proyecto de Ley inaplicable, por más que se apruebe», afirmó.
