El director del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), Marcos Bass Werner Fortunati, denunció públicamente la supuesta coacción ejercida por dirigentes sindicales hacia trabajadores que participaron en la marcha convocada por la Central Obrera Departamental de Tarija (COD), señalando que, muchos de ellos habrían sido obligados a asistir bajo amenaza de sanciones.
Bass Werner explicó que ya puso en conocimiento de la Dirección Departamental del Ministerio de Trabajo esta situación y solicitó, con carácter urgente, la presencia de un inspector para verificar posibles ausencias ilegales a la función pública. “Hay muchos trabajadores que están marchando obligados. El propio comunicado del sindicato indica que se realizará un control estricto de asistencia y se sancionará a los inasistentes. Así operan estas mafias sindicales”, afirmó.
Según el director, varios de los empleados afectados perciben sueldos mínimos y no pueden arriesgarse a descuentos salariales, por lo que ceden a la presión de participar en medidas de protesta ajenas a sus funciones.
Bass Werner manifestó su preocupación por la falta de acción inmediata del Ministerio de Trabajo: “Si actúan con rapidez cuando un trabajador presenta una denuncia, también deberían hacerlo cuando una institución alerta sobre un incumplimiento laboral. De no hacerlo, podría interpretarse como parcialización, y eso sería inadmisible”.
El director aseguró que este tipo de acciones sindicales generan abandono de funciones y afectan directamente a la población. “Después se molestan cuando la ciudadanía les reclama que no trabajan. Este es un ejemplo claro de cómo se perjudica al país y de por qué necesitamos un cambio urgente en la forma de manejar las relaciones laborales”, concluyó.
El vocero del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, Andrés Castellanos, cuestionó la movilización convocada por la Central Obrera Departamental (COD), calificándola como una acción política impulsada por sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) en contra de la Gobernación.
Castellanos afirmó que la COD “forma parte del actual Gobierno Nacional, el mismo que llevó al país a la peor crisis económica de las últimas décadas”. Señaló que algunos dirigentes “utilizan a las bases y argumentos sociales para mantener privilegios y atacar políticamente” al gobierno departamental.
En relación a las demandas del sector salud, explicó que la contratación de personal y la gestión de los centros de primer y segundo nivel es competencia de los gobiernos municipales, según la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y las normativas nacionales. “No podemos seguir asumiendo responsabilidades que no corresponden al Gobierno Departamental”, subrayó.
Respecto al bono de vacunación, indicó que el costo asciende a ocho millones de bolivianos, recursos con los que la Gobernación ya no cuenta. “Si destinamos esos fondos al bono, tendríamos que quitarlos de programas esenciales para adultos mayores, niños y huérfanos”, advirtió. Además, recordó que más del 80% de los trabajadores que exigen el pago no son funcionarios del gobierno departamental, sino que dependen del Ministerio de Salud y deberían reclamar el beneficio a su empleador.
Castellanos hizo un llamado al sector salud para que priorice la atención a los pacientes: “La salud no puede parar un día, es un derecho fundamental de todos los tarijeños y bolivianos”.
Finalmente, cuestionó la participación de la COD en las protestas: “Ellos son responsables de la crisis actual y deberían gestionar ante el Ministerio de Salud la asignación de recursos para cubrir las demandas sociales del sector, en lugar de promover movilizaciones políticas”.
