Osmar Arroyo/El Andaluz
En mayo pasado, denunciaron que los 29, de los 30 asambleístas departamentales de Tarija, tendrían que perder su mandato, por no cumplir con sus funciones, durante la crisis institucional que se registró en años pasados.
Marco Antonio Cardozo indicó a El Andaluz que los asambleístas se hacen los desentendidos sobre este tema.
Mencionó que en junio pasado, se reiteró la denuncia, que se debía confirmar la comisión de ética con asambleístas suplentes y tratar el tema, pero hasta la fecha no se realizó ninguna acción.
Explicó que está situación se constituye en una actitud dolosa por parte de los asambleístas departamentales.
Para Cardozo, los 29 asambleístas, ya perdieron el mandato, por abandonar sus funciones de manera injustificada, por alrededor de 90 días continuos.
Ante esta situación, indicó que el martes pasado se presentó una demanda de amparo constitucional, en donde se pide, que se ordene a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), al pleno y a la comisión de ética, tramitar la demanda, conforme lo establece el reglamento general de la Asamblea.
Señaló que el reglamento indica que pueden legislar y fiscalizar en el pleno de la Asamblea y en las comisiones.
Por su parte, la abogada Nayeli Prieto indicó a El Andaluz que, los asambleístas al percibir un sueldo sin cumplir con sus funciones, se ha incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, con daño económico al Estado.
Remarcó que la denuncia fue reiterada en tres ocasiones y recordó que, como ciudadanos presentaron una petición formal a la Asamblea, para que se proceda, de acuerdo a lo que establece la norma, sobre el pedido de la perdida de mandato y que se proceda, de acuerdo a lo que se establece en el reglamento general de la institución legislativa.
«Sin embargo, estás autoridades, aun gozando del privilegio que les permite el cargo, que aún ocupan, de manera dolosa han eludido su responsabilidad y eso hace que estás personas incurran en un nuevo delito, uso indebido de influencias», expresó.
Prieto remarcó que está situación es más grave, debido a que no existen instancias o dirigentes que fiscalicen a los asambleístas y les obliguen a cumplir con sus funciones y que, en determinado momento, la falta de acciones de la Fiscalía, ahora obliga a que se acuda a la instancia constitucional, para que se determine cual será el proceso que se deba llevar adelante.
Recalcó que, la perdida de mandato de asambleístas, no es la primera vez, que se solicita o se presenta esta situación en el departamento.
Recordó que, en el 2012, se retiró la credencial a un asambleísta departamental, porque habría incurrido en la misma causal, lo que considera, que marca un precedente, para que ahora también se pueda exigir que se dé cumplimiento a la norma y se proceda con el trámite sobre la denuncia de perdida de mandato.
Reiteró que los asambleístas siguen gozando de sueldos y se incurre en el delito de uso indebido de influencias.
«Se tiene que entender, que nadie, que se denomine servidor público, puede percibir una remuneración, sin haber cumplido con la labor formal que debe de prestar ante el Estado boliviano, es decir, nadie puede pretender cobrar, ganar sin trabajar», apuntó Marco Cardozo.
Mencionó que los asambleístas, además de la perdida de mandato, no deberían cobrar un sueldo, desde el momento que se incurrió en la falta.
Considera que es, de manera lógica, que se pueda entender, que estás personas deben de ser sancionadas y pedir la devolución de los salarios que habrían percibido de manera ilegal.
