Por Rosy Sánchez/El Andaluz
Las diez medidas anunciadas el pasado jueves por el gobierno nacional para sobre llevar la crisis del combustible que atraviesa el país, ha sido seriamente cuestionada por las autoridades locales en Tarija, que coinciden que no resolverán el problema de desabastecimiento.
El asambleísta departamental, Luis Lema califico la determinación como medidas parches que agudizará la crisis económica, energética y social del país, tomando en cuenta que actualmente Bolivia gasta más recursos de lo que está generando, a lo que se suma la subvención de diferentes programas.
“A pasar de la emergencia energética, no hay soluciones estructurales que vaya a resolver a fondo el problema, más al contrario YPFB está premiando a sus trabajadores pagando una prima a las utilidades cuando no tenemos gasolina, ni diésel en nuestros surtidores”, cuestionó el asambleísta.
De igual forma el alcalde municipal de Tarija, Johnny Torres, mencionó que estas diez medidas, no tendrán efectos positivos para solucionar la crisis energética. La autoridad señala que el gobierno debe admitir que su modelo económico fracasó y que es necesario levantar gradualmente la subvención de carburantes en el país.
“El gobierno necesita entre 5 a 10 mil millones de dólares para estabilizar la economía del país, recursos que no le van a dar a las actuales autoridades porque ha perdido credibilidad, probablemente sea el nuevo gobierno que realice las gestiones para este préstamo realizar soluciones más estructurales”, dijo el alcalde.
Johnny Torres, dijo que será el reto de las nuevas autoridades que serán posicionadas en el mes de noviembre, de acudir ante los organismos internacionales para acceder a un crédito y establecer políticas serias respecto al tema de combustible.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira señaló que desde la gestión anterior se viene exigiendo al gobierno trabajar en un plan de austeridad y de reactivación económica, entre ellas la reducción de los gastos de funcionamiento en el ejecutivo y legislativo como mediadas a corto plazo.
“El gobierno nacional, en vez de declarar horario continuo de trabajo, debería proponer la reducción de salario empezando desde el presidente y asambleístas nacionales, dando el ejemplo y no cargando el problema a la población.
Gira reiteró que es necesario contar con una nueva ley de hidrocarburos que brinde las garantías legales de exploración y explotación de nuevos campos gasíferos y atraer inversiones de empresas externas.