Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
La atención a las mujeres víctimas de violencia en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y en las Estaciones Policiales Integrales (EPI) de Tarija enfrenta serias deficiencias que ponen en riesgo la protección y el acceso a la justicia de las mujeres victimas de violencia. Así lo reveló Miriam Ortega, miembro de las promotoras contra la violencia de Tarija, además de exponer las problemáticas que enfrentan las mujeres al buscar ayuda en estas instituciones.
Ortega y el equipo de promotoras contra la violencia han realizado un seguimiento exhaustivo de diversos casos, acompañando a las víctimas en sus denuncias en los SLIM, y por consiguiente en las EPI de la ciudad. “Hemos ido a la EPI Senac, hemos estado por Morros Blancos, en la EPI Los Chapacos, Lourdes, y estaremos por Moto Méndez, para ver cómo es la atención que se viene dando”, explicó Ortega.
Uno de los principales problemas identificados es la falta de claridad sobre las jurisdicciones de cada EPI, lo que resulta en que las víctimas sean enviadas de un lugar a otro sin recibir la atención necesaria. “Hay mucha gente que va a denunciar, digamos, a la Loma, pero de ahí les dicen que no es su jurisdicción, les mandan a la EPI Senac o a otra EPI”, señaló Ortega. Esta situación es particularmente grave considerando que muchas víctimas no cuentan con los recursos para trasladarse entre diferentes instituciones, lo que a menudo resulta en el desistimiento de la denuncia.
Mala atención en las instituciones re victimiza a las denunciantes
La re victimización es otro problema grave que enfrentan las mujeres al buscar ayuda. Ortega explicó que las víctimas llegan a estas instituciones en un estado de vulnerabilidad, con la autoestima muy baja debido a los problemas que han estado viviendo. “Mayormente el agresor le hace sentir que ella es culpable de todo, que por eso la ha pegado, por eso la ha golpeado, que ella se lo merece”, comentó Ortega.
En este contexto de vulnerabilidad, la falta de una atención adecuada en las instituciones puede tener consecuencias devastadoras. “Que llegue a una institución como el SLIM donde tiene que poner la denuncia y a veces va a la FELCV y de ahí le dicen ‘no, no le corresponde, aquí tiene que ir a otro lado’. O llega al SLIM y le dicen ‘no, aquí no’. Entonces, se siente re victimizada”, explicó Ortega.
Esta situación va en contra de lo establecido en la Ley 348, que prohíbe explícitamente la re victimización y exige una atención oportuna y adecuada para las víctimas de violencia. Ortega enfatizó la importancia de brindar apoyo inmediato: “Dale la mano a tiempo, atiéndela. Como instituciones, falta mucho personal”.
Falta de personal y recursos
La escasez de personal capacitado en los SLIM es una de las principales causas de la mala atención a las víctimas. Ortega señaló que anteriormente había más abogados y psicólogos disponibles, pero que la situación ha empeorado: “Ahora no, dicen que por los bajos recursos han reducido el personal. Pero yo creo que no, más bien debemos aumentar el personal, porque son secretarías, son unidades donde tiene que estar el personal necesario, cubrir las horas que son necesarias”.
La falta de estabilidad laboral del personal que trabaja en estas instituciones también contribuye al problema. Ortega explicó que muchos empleados son contratados por períodos cortos, de tres a seis meses, lo que afecta la continuidad en la atención de los casos. “El personal que debe trabajar en estas instituciones, en estas secretarías, debe ser ya con un trabajo fijo también, para que cuando llegue la víctima, a veces da un tiempo con el caso, vuelve, y no, ya han cambiado de personal, eso no es bueno”, afirmó.
Esta inestabilidad laboral no solo afecta la calidad de la atención, sino que también dificulta la formación de un personal especializado y comprometido con la causa. Ortega enfatizó la necesidad de contar con profesionales que tengan vocación y empatía para tratar con las víctimas: “Hay algún personal también que no tiene esa vocación, ese amor, esa calidez que se necesita para atender a la víctima”.
El ciclo de la violencia y la dependencia económica
Uno de los aspectos más preocupantes revelados por Ortega es el alto índice de desistimiento de las denuncias, principalmente debido a la falta de independencia económica de las víctimas. “Son mujeres vulnerables, a veces que están también sin un trabajo, sin un empleo. ¿Qué es lo que hace que vuelvan con su agresor? Es que no tienen los recursos, a veces salen a la calle, no hay la fuente laboral, no hay los trabajos, entonces hace que vuelva a ser dependiente de esta violencia económica que muchas mujeres viven día tras día”, explicó Ortega.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva integral, que incluya no solo la atención inmediata y el apoyo legal, sino también programas de empoderamiento económico y apoyo social a largo plazo.
Ante las deficiencias institucionales, Ortega destacó la importancia de las redes de apoyo comunitarias y el papel que pueden jugar las personas cercanas a las víctimas. “Yo creo que cuando llega a comunicarse con alguna persona, si somos nosotras comunicadoras o con cualquier persona o con las promotoras también, o yo les digo con cualquier persona que esté a su lado, pueda hablar, en el barrio o en el colegio o donde esté, buscar ayuda”, comentó.
Estas redes de apoyo informal pueden ser cruciales para ayudar a las mujeres a romper el ciclo de la violencia y animarlas a buscar ayuda profesional, incluso frente a las dificultades que puedan encontrar en las instituciones oficiales.
