«Gasolina basura»: Balanza apunta a YPFB, Trafigura y Vitol como eje de la responsabilidad

Redacción Central/El Andaluz

El escándalo de la denominada «gasolina basura» continúa escalando y podría convertirse en uno de los procesos con mayores repercusiones políticas, económicas y judiciales de los últimos años.

En una entrevista en el programa Radio TV de Radio y Televisión Andalucía, cadena hermana del periódico El Andaluz, el economista y experto Jaime Balanza sostuvo que la responsabilidad central del caso recae en YPFB y en las intermediarias internacionales Trafigura y Vitol, mientras que el informe final de la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados establece indicios de responsabilidades penales que alcanzan a exautoridades de las administraciones de Luis Arce Catacora y Rodrigo Paz Pereira.

Durante su participación en el programa La Radio TV Edición Tarde, emitido por la Red Nacional TVA, Balanza aseguró que el daño económico ocasionado al Estado aún no ha sido cuantificado, aunque advirtió que las pérdidas serían significativamente mayores a las reconocidas oficialmente y podrían extenderse tanto al patrimonio estatal como al de millones de propietarios de vehículos.

Importaciones sin control

De acuerdo con el informe preliminar de la comisión legislativa, que investiga los hechos ocurridos entre octubre de 2025 y enero de 2026, de 20 operaciones de importación de emergencia analizadas, 12 ingresaron y fueron comercializadas sin certificados de calidad previos.

La normativa vigente permitía que la documentación técnica pudiera presentarse hasta diez días después del ingreso del combustible al país, lo que ocasionó que la gasolina fuera distribuida y consumida antes de concluir los análisis de laboratorio.

Uno de los aspectos más delicados del informe involucra un lote específico de 121 cisternas:

•          84 fueron importadas por Vitol.

•          13 correspondieron a Future Energy.

•          1 perteneció a Trafigura.

•          23 ingresaron sin registros mínimos sobre origen, punto geográfico de ingreso, contenido real ni certificaciones de calidad, situación considerada crítica por la comisión investigadora.

Asimismo, el informe final establece que existen indicios de graves sobreprecios e inflación en los contratos de importación, extremos que deberán ser determinados mediante auditorías de la Contraloría General del Estado y peritajes especializados del Ministerio Público.

Responsabilidades distribuidas entre dos administraciones

La comisión parlamentaria sostiene que las responsabilidades se distribuyen en dos fases.

En la fase de origen, correspondiente a la gestión del expresidente Luis Arce Catacora, se señala la emisión de los Decretos Supremos 5218 y 5313, que presuntamente flexibilizaron los controles para la importación de combustibles fuera de los estándares de calidad.

En ese periodo aparecen mencionados el expresidente Luis Arce, el exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y el entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por la administración de la cadena logística y los contratos con intermediarias internacionales.

En la fase de distribución y control, correspondiente al inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, el informe identifica como principal implicado al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, quien habría emitido una resolución ministerial ordenando retirar los precintos de seguridad de cinco tanques observados por la ANH para autorizar su comercialización sin controles técnicos concluidos. También figura el entonces presidente de YPFB Yussef Akly, por presuntas omisiones en la fiscalización de la recepción del carburante y la continuidad de contratos con la intermediaria Botrading.

Daños económicos y reparación

Hasta la fecha, el Estado boliviano desembolsó Bs 85.771.865 mediante Unibienes y el Sistema de Registro de Reclamos para reparar 27.933 vehículos afectados, aunque más de 66.000 propietarios reportaron daños mecánicos.

Balanza sostuvo que el universo real de afectados alcanzaría aproximadamente cuatro millones de vehículos que nunca recibieron compensación. Además, cuestionó el mecanismo jurídico utilizado para efectuar los pagos, señalando que el resarcimiento debió aprobarse mediante una ley nacional, debido a que la normativa vigente limita la entrega directa de recursos públicos a particulares. A su criterio, esta situación podría derivar en nuevas responsabilidades penales.

El economista también cuestionó el rol de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), afirmando que la entidad actuó subordinada a YPFB durante el desarrollo de la crisis.

La deuda con las intermediarias

Uno de los aspectos más sensibles revelados por Balanza fue la situación financiera vinculada a las empresas proveedoras.

Según afirmó, antes de la posesión del presidente Rodrigo Paz ya existía una deuda cercana a 700 millones de dólares con Trafigura y Vitol, generando una relación de dependencia con ambas intermediarias.

Añadió que el propio Gobierno reconoció posteriormente obligaciones superiores a 500 millones de dólares por importación de combustibles que, según su análisis, no formarían parte de la deuda externa oficialmente registrada.

Balanza advirtió que, sumando la denominada deuda flotante por combustibles, el endeudamiento del país podría superar los 15.000 millones de dólares, motivo por el cual pidió al ministro de Economía transparentar la situación financiera relacionada con las importaciones energéticas.

Impacto político

Desde una perspectiva política, el informe legislativo representa un nuevo foco de presión para el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Aunque el Ejecutivo sostiene que la crisis tuvo su origen en decisiones adoptadas durante la administración de Luis Arce, la comisión concluye que las responsabilidades abarcan tanto el periodo en que se flexibilizaron los controles como la etapa en que el combustible fue distribuido al mercado nacional.

El caso se desarrolla en un contexto de protestas sociales, cuestionamientos por presunto encubrimiento de exautoridades, investigaciones fiscales en curso y problemas de abastecimiento derivados del endurecimiento de los controles técnicos, factores que han repercutido en largas filas en los surtidores y en un incremento del costo de vida.

Las conclusiones parlamentarias constituyen, por ahora, un informe político-técnico. La determinación de responsabilidades penales y civiles corresponderá a las investigaciones del Ministerio Público y a las decisiones que adopten las autoridades jurisdiccionales competentes.