Paro de choferes en La Paz por gasolina de mala calidad acorrala al Gobierno

Redacción Central/El Andaluz

El paro de choferes en La Paz por gasolina de mala calidad acorrala al Gobierno, que enfrentará este miércoles 25 de marzo un bloqueo masivo de vías ante el incumplimiento en el pago de indemnizaciones por severos daños mecánicos en miles de vehículos. La dirigencia del transporte urbano y pesado, agotada tras múltiples reuniones sin resultados concretos, determinó paralizar sus actividades por 24 horas, exigiendo certidumbre frente a una crisis energética que ahora amenaza también el suministro de diésel y que ha dejado en evidencia profundas contradicciones administrativas en la gestión gubernamental.

Radicalización de medidas: Transporte urbano y pesado en emergencia

La paciencia del sector automotor ha llegado a su límite. Reynaldo Luna, máximo ejecutivo de la Federación de Choferes Andina de El Alto, confirmó que la medida de presión será contundente y acatada en su totalidad por los sindicatos de la urbe alteña y la hoyada paceña.

La decisión de ir al paro responde a la falta de celeridad estatal para cumplir los acuerdos económicos. “Lamentablemente, este Gobierno no ha cumplido en nada; los compañeros de base ya no quieren escuchar de reuniones ni compromisos”, sentenció el dirigente.

Para garantizar la paralización del departamento, la dirigencia ha coordinado con federaciones provinciales para extender los bloqueos hacia zonas estratégicas como los Yungas, Viacha y Patacamaya. Además, Luna lanzó una advertencia que agrava el panorama económico: los problemas de pureza ya no se limitan a la gasolina, sino que el diésel también está presentando anomalías.

A esta presión se suma el ultimátum de 48 horas emitido el pasado lunes por el transporte pesado nacional. Este sector, vital para la logística y el comercio internacional de Bolivia, advirtió que actualmente el 40% de su parque automotor se encuentra paralizado por motores arruinados a causa de combustibles defectuosos.

YPFB pide reflexión y defiende el pago de compensaciones

Frente a la inminente asfixia vehicular, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, intentó apaciguar los ánimos haciendo un llamado público a la dirigencia del transporte para suspender el paro.

Akly aseguró que la estatal petrolera ya está desembolsando los fondos a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). “Nos hemos encontrado sorprendidos con el paro. Hasta la fecha ya hemos pagado un millón y medio de bolivianos en compensaciones y esperamos llegar a los dos millones y medio para mañana”, detalló el ejecutivo, insistiendo en que la calidad actual de la gasolina “está garantizada” y negando fallas en la provisión de diésel.

YPFB reportó que, hasta la semana pasada, se había iniciado el resarcimiento a 2.634 personas afectadas, calificando el daño como “casos puntuales de gasolina desestabilizada”.

Contradicciones del Ejecutivo: ¿Sabotaje político o conducta antieconómica?

La crisis actual es el desenlace de un manejo gubernamental errático que arrastra contradicciones desde febrero. Mientras el Gobierno intentó politizar la crisis calificándola como un “sabotaje” y un “ataque certero” diseñado para desestabilizar su gestión en plena época electoral, YPFB tomó el camino opuesto: admitir tácitamente la responsabilidad al activar un seguro millonario por daños a terceros.

Esta disonancia discursiva tiene graves implicaciones legales. Al activar las pólizas de seguro, el Estado reconoce oficialmente la distribución de un producto defectuoso que causó un daño patrimonial gigantesco. Reportes de laboratorio de la refinería de Palmasola, filtrados a la prensa en enero, revelaron que el combustible contenía hasta un 16,4% de gomas, superando ampliamente el límite legal del 5%.

Especialistas jurídicos advierten que este reconocimiento de daños y la subsecuente indemnización podrían activar procesos penales bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por el delito de conducta antieconómica, sancionando la deficiente dirección técnica que ha mermado tanto el patrimonio de la estatal petrolera como el de miles de transportistas bolivianos.