Formalizan denuncia contra Abrego por reducción a la canasta alimentaria e incumplimiento a la normativa regional

Osmar Arroyo/El Andaluz

En la pasada jornada, se formalizó una denuncia, ante la Fiscalía, en contra del ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, José Luis Abrego.

La asambleísta regional, María René Barrios informó a El Andaluz que en horas de la mañana de este martes se formalizó la denuncia ante el Ministerio Público, en contra de José Luis Abrego y en contra de Vilma Vedia Patiño, que es representante legal de la empresa Reflexión SRL.

Mencionó que se presentó la denuncia por el presunto delito de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Explicó que la denuncia se formalizó, porque se habría incumplido con la Disposición Normativa Regional (Dinore) 33, que establece que la canasta alimentaria para los adultos mayores debe entregarse mensualmente, durante los doce meses del año, con un valor mínimo de 200 bolivianos por beneficiario.

Señaló que el 2025, se habría entregado una canasta de, apenas 100 bolivianos, reduciendo el beneficio a la mitad y que la canasta adjudicada contiene solo cinco productos, arroz, harina, azúcar, trigo pelado y fideo.

Recordó que, con 200 bolivianos, la canasta tenía 14 productos y dijo que también se denunció un presunto sobreprecio.

Barrios indicó que se verificó los precios de los productos en el mercado y era mucho menor a los recursos erogados por el Gobierno Regional.

Explicó que, según el documento, que la canasta de 100 bolivianos por beneficiario, su valor en el mercado sería de aproximadamente 65 bolivianos.

«En la actualidad, esa canasta, que supuestamente se entrega 100 bolivianos, de acuerdo a las cotizaciones que se tiene en el mercado, que ha hecho la Asamblea Regional, que han hecho los propios adultos mayores, solamente refleja 65 bolivianos, lo que refleja, por supuesto, una estimación de un sobreprecio mínimo de bolivianos 325.850,00», apuntó.

Por otra parte, señaló que se cuestiona la falta de transparencia del proceso de licitación y en la denuncia se indica que los beneficiarios pidieron una explicación, de manera formal, sobre los precios, pero no recibieron una respuesta del ejecutivo regional.

La asambleísta dijo que, ante las fiscalizaciones realizadas al programa, se presenta la denuncia, porque se evidencia que la publicación de la contratación se hace el 6 de junio del 3025, lo que genera observaciones sobre el cumplimiento de una entrega mensual, como exige la norma.

Remarcó, que la denuncia no, solamente señala una posible afectación al Estado, también una afectación a los adultos mayores, por la reducción de un beneficio alimentaria, un sector vulnerable.

Se solicita a la Fiscalía que se investigue el proceso e contratación y se establezca las responsabilidades correspondientes.