Osmar Arroyo/El Andaluz
La asambleísta regional del Gran Chaco, María René Barrios informó a El Andaluz que este miércoles pasado se llevó adelante la audiencia sobre la acción de cumplimiento que interpuso la Asamblea Regional en contra del ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, José Luis Abrego y en contra de los ejecutivos de Desarrollo de Villa Montes y Caraparí.
Señaló que les costó tomar la decisión de interponer la acción de cumplimiento en contra de los tres ejecutivos del Chaco.
Explicó que se ha repetido de forma consecutiva, el incumplimiento en la transferencia de recursos económicos a la Asamblea Regional.
Mencionó que desde el Ministerio de Economía se cumple, de manera tacita, de forma mensual con las transferencias al Gobierno Regional y no existe ningún pretexto para que las transferencias no se hagan de forma oportuna a la Asamblea Regional.
«Esto ya se ha hecho una costumbre por parte del ejecutivo regional, puesto que, hemos estado cuatro meses sin sueldo, hace un par de meses atrás, (…) cómo que, a él se le ha hecho costumbre poder hacer y manejar de esta manera», expresó.
Reiteró que al ejecutivo le transferían los recursos de manera oportuna y que todo el personal del órgano ejecutivo regional, estaba debidamente, con los sueldos cancelados y en la Asamblea no ocurría lo mismo.
Barrios informó que la audiencia se instaló a las 15:30 horas de este miércoles y se extendió hasta, un poco más de las 03:00 horas de la madrugada de este jueves.
Mencionó que los argumentos y la documentación presentada, por el incumplimiento en las transferencias, no solamente para el pago de salarios, que se tenían saldos anteriores de transferencias que no se hacían en su totalidad.
Está situación, dijo que ha hecho que la Asamblea también incumpla con algunas obligaciones, pago de alquileres, pagos a la Caja Nacional de Salud, entre otras.
«El juez ha determinado que en un plazo de cinco días las transferencias tienen que estar en la institución de la Asamblea Regional», apuntó.
Señaló que inicialmente se determinó un plazo de tres días, pero la defensa de los ejecutivos solicitó que sean cinco días.
Remarcó que en cinco días, esos recursos deben estar en las cuentas de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
