Redacción Central/El Andaluz
La Procuraduría General del Estado ha frenado la audiencia clave sobre la Reserva de Tariquía, en una acción que los defensores del área protegida denuncian como una «estrategia dilatoria» para permitir que Petrobras y YPFB avancen con sus operaciones.
El procurador Hugo César León La Faye solicitó la postergación de la inspección técnica y la audiencia pública que debían definir el futuro del proyecto Domo Oso X-3, argumentando falta de tiempo para presentar informes. Esta maniobra se produce mientras las comunidades ratifican su rechazo definitivo al ingreso petrolero y denuncian una campaña de «compra de conciencias» para dividir la resistencia.
Una Postergación «Sospechosa» que Beneficia a las Petroleras
El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos había fijado la inspección técnica para el 9 de febrero y la audiencia pública para el 13 de febrero, fechas cruciales en la Acción Ambiental Precautoria presentada por la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, el juez Clever Osorio dejó sin efecto estas fechas tras la solicitud del Procurador, quien, invocando el «principio de igualdad procesal», pidió «tiempos razonables» para que las entidades demandadas preparen sus informes. Para el Comité de Defensa de Tariquía, esta justificación no es creíble. «Los documentos que se les solicitaron los tienen a mano.
No hay motivo para tardar tanto», afirmó un defensor, quien calificó la acción como una maniobra para «permitir que Petrobras y YPFB Chaco avancen con las obras mientras extienden el proceso judicial». Juan Mendoza, representante de las comunidades, fue más allá y denunció que, pese a la orden judicial de paralización, «trabajadores de Petrobras llegan en horas de la noche» para reunirse con dirigentes pro-petroleros, profundizando la división interna.
Comunidades Ratifican su Rechazo: «No Hay Nueva Consulta»
Mientras el proceso judicial se dilata, las 22 comunidades de la reserva han ratificado su postura innegociable. «Para nosotros no hay nueva consulta. Han actuado de manera mañosa y tramposa. Exigimos respeto a las comunidades», sentenció Juan Mendoza citado en El País.
Los comunarios aseguran contar con un voto resolutivo reciente y más de cuatro rechazos anteriores al ingreso de proyectos petroleros. Critican que la Procuraduría, en lugar de defender los intereses del Estado y del medio ambiente, esté ampliando un proceso que, a su juicio, ya tiene una respuesta clara y contundente de los habitantes del territorio. «No sabemos por qué el Procurador ha dado espacio para que se amplíe este proceso. Lamentamos su actuación», expresó Mendoza, denunciando además que algunos dirigentes «se han dado la vuelta por intereses», en una clara alusión a las presuntas prácticas de «compra de conciencia» por parte de YPFB y Petrobras.
La Ciencia se Pronuncia: La UCB Advierte de «Incertidumbre Científica Razonable»
La defensa de Tariquía ha recibido un espaldarazo clave desde el ámbito académico. La Universidad Católica Boliviana (U.C.B.), a través de su Red de Agua y el Observatorio ONRES, emitió un pronunciamiento advirtiendo que el proyecto Domo Oso X-3 se desarrolla bajo una «incertidumbre científica razonable» que pone en riesgo el futuro hídrico de la región.
Los expertos de la U.C.B. detallan cómo el sistema de fallas geológicas podría conectar aguas contaminadas con los acuíferos y explican por qué la deforestación en la «fábrica de agua» del Bosque Tucumano-Boliviano amenaza directamente el caudal de los ríos Tarija y Bermejo. En base a esta evidencia, exigen una Pausa Ecológica inmediata.
Este respaldo científico, sumado al rechazo comunitario y a una victoria judicial en el segundo proceso penal contra 17 defensores, fortalece la lucha de Tariquía frente a un Gobierno que insiste en la viabilidad de un proyecto con un potencial de 2,8 TCF de gas, pero cuyo costo ambiental y social sigue sin ser medido con la rigurosidad que exigen las comunidades y la ciencia.
