Osmar Arroyo/El Andaluz
El Juzgado Agroambiental resolvió una pausa temporal a las actividades petroleras en el proyecto de perforación del pozo Domo Oso X3, sin embargo, los procesos en contra de comunarios que se movilizaron en defensa de la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía continúa en la justicia ordinaria.
Marco Cardozo, parte de la defensa de la reserva indicó a El Andaluz que junto a la abogada Mariela Morales Ruiz, Nayeli Prieto y el equipo de abogados se asume la defensa de los comunarios.
Señaló que observaron que habría un comportamiento extraño, por parte del Ministerio Público en este caso.
Explicó que la denuncia de octubre del 2024, fue en primera instancia, rechazada por el fiscal de Entre Ríos, en ese entonces y la exfiscal departamental Sandra Gutiérrez revoca la resolución del fiscal y ordena continuar con el proceso en contra de 12 comunarios del cantón de Chiquiacá.
«Hoy en día, nos llegamos a encontrar con que, existe una acusación fiscal, donde no solamente se pide la condena de los 12 comunarios, sino adicionalmente el Ministerio Público, oficiosamente, con el actual fiscal, ya está vez, también pide que, en ejecución de sentencia, además de haberlos condenado ya, a los comunarios, se les haga pagar un resarcimiento civil por daño a las petroleras», expresó.
Cardozo dijo que se preguntan, cuantos millones será, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras, dirán que hayan perdido o que fueron perjudicados por día, por los bloqueos.
«Eso es lo que nos preocupa, porque es una persecución, realmente muy dura, que demuestra a todas luces que hay, necesariamente una influencia muy fuerte, porque hemos visto otra clase de casos en manos del Ministerio Público, que no han tenido, ni la celeridad que muestran ahora, no la dureza, ni la rigidez con la que se está pidiendo, además de condenas, daños civiles, cuando en realidad es la parte afectada, la supuesta víctima la que pide esas cosas», apuntó.
Remarcó que al revisar la acusación formal en el proceso iniciado el 2024, se puede notar que el Ministerio Público ha ofrecido 65 elementos probatorios de carácter documental, en contra de los comunarios, adicionalmente ofrece 28 elementos probatorios de carácter testifical, es decir 18 testigos.
Son 83 elementos probatorios de clase documental y testifical en contra de los comunarios, señalando que se enteraron recién el lunes de este proceso.
«No conocíamos, ni hemos hecho defensa», que lo estaba viendo un abogado este tema, pero remarcó que lo más curioso, es que no se han visto pruebas de descargo.
Informó que, en el segundo caso, el segundo proceso iniciado el 2025, de manera extraña se repite lo mismo que en el anterior caso.
Dijo que, también la fiscal de materia de Entre Ríos, desestima la denuncia actual, en favor de los 17 comunarios denunciados, el 30 de diciembre del 2025 y que, en tiempo récord, el actual fiscal departamental, el 31 de diciembre revoca la resolución de la fiscal de Entre Ríos.
«Y ordena también la persecución penal, tal como lo hizo esa vez, Sandra Gutiérrez, ahora lo está haciendo el actual fiscal departamental», apuntó.
Explicó que, en caso, de emitirse una sentencia en contra de los comunarios, en el primer caso, al tener una sentencia de tres años de pena, no serán enviados a la cárcel, sin embargo, si hay una segunda sentencia, así sea de un año o tres años, podrían ser privados de libertad.
«Lo más probable es que esos 17 comunarios, tengan que estar purgando tres años de sentencia en la cárcel, una situación que a nuestro criterio nos parece un exceso por parte del Estado boliviano», agregó.
Señaló que si bien, se tiene una parte denunciante, lo que se ha visto hasta ahora, es una acusación fiscal, que es el Ministerio Público está persiguiendo por segunda vez, como si se tratará de delincuentes comunes y le están haciendo daño a la sociedad.
«Nos extraña de verdad, la dureza, la celeridad con la que se está persiguiendo a estos defensores de la naturaleza y porque no decirlo, del futuro de las y los tarijeños, al derecho de gozar de un medio ambiente limpio y sano», indicó.
Reiteró que lo más extraño es que en la acusación formal del Ministerio Público se indica, que el resarcimiento civil por daños, se cuantificará en ejecución de sentencia, es decir que no se sabe, a ciencia cierta, que documentación podría presentar YPFB y Petrobras, para demostrar el supuesto daño sufrido y podrían ser millones.
Comisión legal
El presidente del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija, Jesús Gira indicó a El Andaluz que la comisión legal a la cabeza del Colegio de Abogados, está haciendo seguimiento a los procesos en contra de los comunarios de Chiquiacá, que se hace la representatividad y la defensa a los defensores ambientales.
«Está injusticia que se está cometiendo con estos defensores ambientales, ya que evidentemente, ellos gozan de la protección de la misma Constitución Política del Estado», expresó.
Explicó que al constituirse en defensores ambientales, están dentro de lo que se establece en el acuerdo Escazú que fue firmado por el gobierno nacional y refrendado mediante una Ley.
Dijo que no deberían ser perseguidos judicialmente en la via penal, que ellos se constituyen, en lo establecido en la Ley 1182 del 4 de julio del 2019, que también refrenda el acuerdo, no constituiría estas acciones que se ha iniciado por el Ministerio Público.
Gira indicó que la comisión técnica y la comisión legal, recaban documentación para que se pueda tener una postura interinstitucional de Tarija.
Se trabaja en el marco legal y recordó que el Juzgado Agroambiental emitió un auto, que también hace un llamado a terceros interesados en este caso.
Estima que, en los próximos días, las comisiones presentarán un informe del trabajo realizado, un informe preliminar, que será evaluado por las instituciones, con el objetivo de cuidar la reserva de Tariquía.
La pausa temporal de la actividad petrolera, indicó que es de 30 días, en este tiempo se debe conectar documentación sobre el tema, información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio Público, que deberán remitir antecedentes de todos los actuados, para que posteriormente el juzgado emita una resolución definitiva.
