Redacción Central/El Andaluz
La ley antibloqueos, aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, amenaza directamente a los comunarios de Tariquía, quienes, incluso sin esta norma vigente, ya enfrentan procesos penales por defender la reserva de la contaminación petrolera. El avance del proyecto legislativo enciende las alarmas entre organizaciones ambientales y comunidades indígenas: de aprobarse, la vigilia pacífica que hoy constituye un acto legítimo de defensa territorial podría convertirse en un delito sancionado con cárcel, profundizando la criminalización de la protesta ambiental.
Una ley hecha a la medida de la criminalización
El proyecto de ley, que ahora pasará al pleno de la Cámara Baja para su tratamiento, ha sido impulsado bajo el argumento de que “el país está cansado de los bloqueos”. El diputado José Luis Porcel confirmó que la norma tipificará el bloqueo como un delito penal.
“Las personas que llamen a bloqueo estarán incurriendo en delito y serán detenidas para ser sometidas ante la justicia”, afirmó el legislador.
Aunque sus impulsores aseguran que la norma no vulnera el derecho a la protesta, en la práctica apunta directamente contra la principal herramienta de resistencia de los movimientos sociales y comunidades rurales. En el caso de Tariquía, la vigilia pacífica destinada a impedir el ingreso de maquinaria pesada podría ser interpretada como “bloqueo” y derivar en penas de cárcel.
Esto agravaría una situación ya crítica: once comunarios enfrentan una acusación formal y serán llevados a juicio por delitos como “asociación delictuosa”, tras oponerse al ingreso de Petrobras en 2023.
Una victoria judicial temporal bajo la sombra de la nueva ley
La amenaza de la ley antibloqueos contrasta con una reciente victoria judicial para los defensores de la reserva. El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos admitió una solicitud de medidas cautelares presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó la paralización temporal del proyecto Domo Oso X-3, que Petrobras pretendía ejecutar en la zona de influencia de Tariquía.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que se realizará una inspección técnica el 9 de febrero y una audiencia pública el 13 de febrero, con el objetivo de evaluar integralmente el proyecto. La suspensión representa un respiro para las comunidades que temen la contaminación de sus fuentes de agua.
Sin embargo, la posible aprobación de la ley antibloqueos genera un escenario contradictorio: cualquier futura vigilia o acción de defensa para exigir el cumplimiento de fallos judiciales podría ser considerada ilegal.
“Todos los políticos son hipócritas”: la crítica al oportunismo electoral
En medio del conflicto, la disputa por Tariquía se ha convertido en un escenario de oportunismo político. El activista ambiental Gonzalo “Chulo” Torrez, en el programa Hola Bolivia, lanzó duras críticas contra la clase política tarijeña.
“Todos los políticos que se pronunciaron sobre Tariquía son hipócritas”, sentenció, apuntando directamente a los candidatos a la Alcaldía de Tarija, Johnny Torres y Luciana Campero.
La denuncia refleja un creciente malestar ciudadano frente a actores políticos que —según Torrez— utilizan la defensa de la reserva como discurso de campaña, pero no ofrecen respaldo real a los comunarios que hoy enfrentan procesos judiciales y el riesgo de nuevas sanciones penales.
La combinación de judicialización de la protesta, avance legislativo punitivo y oportunismo electoral configura un escenario de extrema vulnerabilidad para quienes defienden Tariquía, dejando en evidencia que, en Bolivia, proteger el agua y el territorio puede convertirse en un delito.
